La semana pasada, el TSC emitió un informe de investigación en el que se recomienda al Poder Legislativo improbar los contratos suscritos por la Junta Interventora de la ENEE, que presidió el secretario de Defensa, Arístides Mejía, a las compañías Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras (CECHSA) y Energía a Vapor S.A (ENVASA).
Según la investigación del órgano contralor, los términos y las bases contenidas en los contratos son “lesivos a los intereses de Honduras” y contienen una serie de irregularidades que agudizarían la crisis financiera de la ENEE y que en vez de ayudar a solventarla “lo que haría sería perpetuarla”.
La investigación asimismo reveló que los precios del carbón y los fletes de los mismos ofrecidos por CECHSA y ENVASA eran mucho mayores a las de mercado y por consiguiente le agregarían un sobre costo del orden de los 614 millones de dólares a la empresa, un estimado de más de 11,000 millones de lempiras.
Consultada hoy por la emisora Radio Cadena Voces, Moncada intentó restarle credibilidad al informe del organismo contralor y dijo que los expertos en energía que proyectan una pérdida o sobre costo para la ENEE de 614 millones de dólares pueden estar equivocados o sus cálculos no son exactos.
“Eso es como el tema de los abogados, usted llama diez abogados y tienen diez opiniones, por lo tanto lo que uno debe evaluar no son las opiniones sino los argumentos que cada quien expresa. Creo que en este caso las matemáticas son exactas y que los análisis fueron hechos, ni por la ENEE ni por la Junta Interventora, sino que fueron hechos por una Comisión Especial de Transparencia”, arguyó.
La funcionaria agregó que los miembros de la Junta de Transparencia son actores que se han dejado de lado y que es necesario consultar, sobre todo de este proceso para tener un balance en la información en temas tan delicados y complicados como es el de la generación de energía.
“Ceo que ellos conocen al detalle de todo el proceso y pueden dar una opinión objetiva que puede servir de orientación y guía para instruir de forma adecuada al pueblo hondureño”, apuntó.
Por otro lado, la ministra sin cartera negó que exista un sobre costo en la energía que será adquirida a las empresas antes mencionadas, ya que los contratos aun no han sido aprobados por el Congreso Nacional y hasta que son ley de la República pueden ser ejecutados por las partes.
Tampoco quiso detallar los costos en base a los cual fueron negociados por la Junta Interventora de la ENEE.
“Estos contratos hasta que son ley de la República se pueden plantear como tales, en este momento no hay ningún costo porque son convenios que ni siquiera han trascendido o pasado del Poder Ejecutivo”, argumentó.
No obstante, el consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Mossi, explicó hoy en una comparencia radial que el sobre costo de ambos contratos ya comenzaron a ser trasladados o aplicados a los consumidores de energía, ya que ese el procedimiento que se aplica en este tipo proyectos.
Preguntada si la ENEE pararía el envío de los contratos al Congreso Nacional a raíz de las recomendaciones del TSC, la gerente de la ENEE enfatizó que no y que continuarán el trámite que corresponde.
“La ENEE como tal y para el caso que los contratos se envíen al Congreso Nacional acatará lo que digan los diputados que es el órgano legislativo que aprueba o imprueba los contratos”, afirmó.
Agregó que si finalmente los convenios suscritos con SECHSA y ENVASA son enviados por el Poder Ejecutivo al Legislativo, entonces las autoridades de la ENEE estarán obligadas a acatar lo que el pleno de diputados, vía decreto legislativo, determine o establezca en relación a los citados convenios.
“Creo que aquí lo importante es poder establecer con la Comisión que participó en todo el proceso, cuales fueron los alcances y porque hicieron la recomendación para adjudicar a las empresas que ahora se están cuestionando por diversos sectores”, finalizó la funcionaria.
La semana anterior, diputados del Partido Nacional, Unificación Democrática e Innovación y Unidad (PINU) advirtieron que no aprobarán la compra de los 250 megavatios en los términos que los plantea el Ejecutivo por ser perjudiciales a los intereses y a la economía del país.
Además exigieron que los órganos contralores y fiscalizadores deduzcan las responsabilidades administrativas y penales a los que aprobaron y adjudicaron los referidos contratos de generación térmica.
La Fiscalía también anunció que abrirá una investigación a efecto de determinar en la adjudicación hubo abuso de autoridad o violación de los deberes de los funcionarios que los autorizaron a sabiendas del daño que estaban causando a la ENEE y a la nación en general.
