En ese orden, el abogado Jonathan Cardona, director de la Dirección Supervisora de Servicios Especializados de la Municipalidad de San Pedro Sula, (DIRSSE), redactó una declaración jurada y pidió a la periodista Lisseth García de Diario La Prensa que la firmara para poder dar una entrevista sobre la ciudad.
Tegucigalpa – En un caso inédito, un funcionario municipal en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, condicionó una entrevista a una periodista con una declaración jurada.
La entrevista había sido concertada con el fin de que el funcionario explicara a los sampedranos la situación de la recolección de basura en la central de abastos y la contratación de una veintena de empresas para recoger desechos en la ciudad, pese a que existe un contrato de concesión para tal fin.
El objetivo era informar sobre estos temas y conocer el trabajo de la DIRSSE, dirección encargada de supervisar las concesiones del agua y la basura. Cardona aceptó la solicitud, y el equipo de prensa se desplazó hasta las oficinas situadas en el plantel donde se ubica la Gerencia de Ambiente en la 20 calle, barrio Las Palmas, sector sureste de San Pedro Sula.
Todo fue cordial al inicio, pero el problema surgió cuando el funcionario presentó una hoja de papel que contenía una declaración jurada.
El documento, elaborado por el propio funcionario, pretendía que la periodista lo firmara.
García le manifestó al funcionario que, en sus 25 años de ejercicio periodístico, era la primera vez que enfrentaba una situación de este tipo. Además, le advirtió que esa exigencia violentaba el derecho a informar, así como la libertad de expresión y de prensa.
Ante la negativa de la periodista, Cardona respondió que entonces procedería a grabar todo lo que se hablara, y se dirigió a habilitar un teléfono montado en un trípode en la esquina de la oficina. Frente a esa situación, el equipo de La Prensa decidió retirarse y la entrevista no se llevó a cabo.
“Los funcionarios están en la obligación de brindar información pública y no entiendo cuál es el miedo de dar información. Nadie puede orillar a un periodista a firmar esos documentos porque es prácticamente un bozal”, lamentó García.
Eduardo Coto, presidente del Colegio de Periodistas Capítulo Noroccidental, consideró lamentable que los funcionarios que reciben un sueldo de los impuestos de los sampedranos pretendan coartar la libertad de prensa.
Ellos deben explicar su trabajo sin imponer condiciones a los periodistas”, expresó.
Coto llamó a los funcionarios a ser tolerantes y recordó que “cuando nada se debe, no se teme”. Agregó que este es un problema en auge en la actualidad.
Por su parte, el expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras, CPH, Dagoberto Rodríguez, indicó que es una situación desproporcionada y fuera de orden.
“Nunca había visto en mi vida como periodista que un funcionario orillara a firmar una declaración jurada por una declaración de prensa y esto es un acto de censura grave porque pretende trasladar al ámbito legal y es atentatorio al ámbito legal que claramente dice que es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de divulgación. Está violentando el derecho de la ciudadanía a recibir información. Es un acto de censura grave que hay que condenar”, expresó.
A continuación Proceso Digital reproduce el texto de la declaración jurada:
“Yo, Lisseth García, mayor de edad, de nacionalidad hondureña, con domicilio en esta ciudad de San Pedro Sula, actuando en pleno uso de mis facultades, por medio de la presente declaro que:
1. Que he participado en calidad de entrevistadora en la entrevista realizada el día 3 de septiembre del año 2025 al abogado Jonathan Josué Cardona, director general de DIRSSE. Que me comprometo a difundir con responsabilidad, veracidad y objetividad la información, respuestas u opiniones brindadas durante dicha entrevista, sin alterarlas, tergiversarlas ni manipular su contenido de manera que pueda inducir a error, malinterpretación o perjuicio.
2. Que reconozco la importancia ética y legal de transmitir fielmente la información proporcionada, salvaguardando el derecho a la honra, la buena fe y la imagen de las personas involucradas.
3. Que asumo plena responsabilidad por el uso, manejo y difusión de la información obtenida en la entrevista, comprometiéndome a respetar los principios de transparencia, ética profesional y respeto a la verdad. En fe de lo anterior, firmo la presente declaración en la ciudad de San Pedro Sula, a los 3 días del mes de septiembre del año 2025”. PD
