Asunción – El Ejecutivo de Paraguay anunció hoy que peleará por regresar al Mercosur, recurriendo al Tribunal Permanente del bloque, así como por revisar la incorporación de Venezuela, a cuyo Gobierno nuevamente acusó de «intromisión» en los asuntos paraguayos.
Dos semanas después de asumir el poder, el nuevo presidente del país, Federico Franco, compareció hoy junto a varios ministros en una rueda de prensa, que tendrá carácter quincenal, para exponer los avances de su gestión.
Fue el canciller, José Félix Fernández Estigarribia, quien anunció que la semana próxima recurrirá al tribunal del Mercosur para presentar «los derechos de Paraguay, que han sido conculcados».
«Vamos a iniciar acciones legales ante el Tribunal Permanente», con sede en Asunción, para «restablecer los derechos de la República en el Mercosur y analizar la incorporación de Venezuela, que nuestro país considera no se ajusta al derecho internacional ni a los tratados», explicó.
El Mercosur suspendió a Paraguay hace una semana, hasta las elecciones previstas en el país en abril de 2013, en una cumbre en la que Brasil, Uruguay y Argentina aprobaron también el ingreso de Venezuela, bloqueado desde hace años en el Senado paraguayo.
Ese bloque y también el de Unasur castigaron así al Ejecutivo de Franco por el «quiebre» democrático que, a su entender, supuso la destitución de Fernando Lugo como presidente en un acelerado «juicio político» en el Senado.
El nuevo Gobierno sí mantiene abierta la opción de abandonar la Unasur, como hoy reiteró Fernández, que junto a Franco evitó echar demasiada leña al fuego de la polémica internacional y depositó su «esperanza» en el informe que la OEA estudiará el próximo lunes y en la misión que la UE enviará al país.
Franco dijo que no es «prudente» comentar las supuestas declaraciones del presidente uruguayo, José Mújica, sobre la vinculación con la tragedia de policías y campesinos del 15 de junio en Curuguaty -detonante de la destitución de Lugo- del Partido Colorado y de éste con el narcotráfico.
Fernández Estigarribia se preguntó además si es el «momento adecuado» para que el Legislativo revise el protocolo de Compromiso con la Democracia del Mercosur y la adhesión de Venezuela, documentos que ayer le reclamó al Ejecutivo.
Franco sí cargó las tintas contra Venezuela y lo que calificó como una «intromisión grosera» de su canciller Nicolás Maduro. Reafirmó que «hubo contacto (de Maduro) con los miembros de las Fuerzas Militares», para instigarlas a mantenerse leales a Lugo.
«Ustedes se van a enterar de aquí a poco de declaraciones, incluso de otro sector de la sociedad, con respecto al mismo tema», anunció.
De la prudencia a la que apeló Franco no están haciendo gala algunos de los legisladores del país, acostumbrados al exabrupto, como el «colorado» Rogelio Benítez, que tildó de «sicópata» al presidente venezolano, Hugo Chávez, por denunciar este jueves que senadores de Paraguay pedían sobornos para desbloquear el ingreso de Venezuela en el Mercosur.
«Que diga dónde, quién, cuándo», exigió el senador Benítez, mientras su correligionario Juan Carlos Galaverna dijo inclinarse más bien por la idea de que fuera Venezuela la que ofreciera el dinero, según declararon a sendas radios asuncenas.
Benítez incidió en la denuncia de «intromisión» y «gorilada» de parte de Maduro, aseverando que éste le dijo que debían atenerse «a las consecuencias» de una destitución de Lugo.
«No le di una trompada para que no sea ese el tema del día», bramó.
Benítez calificó de «atorrante» (desvergonzado) a Maduro y Galaverna de «tavyron» (idiota, en guaraní) a Mújica por sus manifestaciones de ayer, que otro senador, el liberal Miguel Saguier, consideró una «irresponsabilidad» pues «ignora la lucha contra el narcotráfico» que libra Paraguay y que «se resintió muchísimo» con Lugo.
El presidente del Senado, Jorge Oviedo, demandó a Chávez que dé pruebas de lo que denuncia y lo acusó de vender a Paraguay un petróleo malo y con intereses «usurarios» y de creerse «dueño» de los países a los que presta dinero, según la agencia estatal IP.
En la rueda de prensa, Franco y sus ministros abundaron en los proyectos que han sacado adelante, como la aprobación del impuesto a la renta, las negociaciones con la minera Río Tinto y alguna obra de infraestructura, y reiteraron que su intención es «sembrar para que otro Gobierno pueda cosechar» después de las elecciones de 2013 y «mantener relaciones con todos los países».
Fue el canciller, José Félix Fernández Estigarribia, quien anunció que la semana próxima recurrirá al tribunal del Mercosur para presentar «los derechos de Paraguay, que han sido conculcados».
«Vamos a iniciar acciones legales ante el Tribunal Permanente», con sede en Asunción, para «restablecer los derechos de la República en el Mercosur y analizar la incorporación de Venezuela, que nuestro país considera no se ajusta al derecho internacional ni a los tratados», explicó.
El Mercosur suspendió a Paraguay hace una semana, hasta las elecciones previstas en el país en abril de 2013, en una cumbre en la que Brasil, Uruguay y Argentina aprobaron también el ingreso de Venezuela, bloqueado desde hace años en el Senado paraguayo.
Ese bloque y también el de Unasur castigaron así al Ejecutivo de Franco por el «quiebre» democrático que, a su entender, supuso la destitución de Fernando Lugo como presidente en un acelerado «juicio político» en el Senado.
El nuevo Gobierno sí mantiene abierta la opción de abandonar la Unasur, como hoy reiteró Fernández, que junto a Franco evitó echar demasiada leña al fuego de la polémica internacional y depositó su «esperanza» en el informe que la OEA estudiará el próximo lunes y en la misión que la UE enviará al país.
Franco dijo que no es «prudente» comentar las supuestas declaraciones del presidente uruguayo, José Mújica, sobre la vinculación con la tragedia de policías y campesinos del 15 de junio en Curuguaty -detonante de la destitución de Lugo- del Partido Colorado y de éste con el narcotráfico.
Fernández Estigarribia se preguntó además si es el «momento adecuado» para que el Legislativo revise el protocolo de Compromiso con la Democracia del Mercosur y la adhesión de Venezuela, documentos que ayer le reclamó al Ejecutivo.
Franco sí cargó las tintas contra Venezuela y lo que calificó como una «intromisión grosera» de su canciller Nicolás Maduro. Reafirmó que «hubo contacto (de Maduro) con los miembros de las Fuerzas Militares», para instigarlas a mantenerse leales a Lugo.
«Ustedes se van a enterar de aquí a poco de declaraciones, incluso de otro sector de la sociedad, con respecto al mismo tema», anunció.
De la prudencia a la que apeló Franco no están haciendo gala algunos de los legisladores del país, acostumbrados al exabrupto, como el «colorado» Rogelio Benítez, que tildó de «sicópata» al presidente venezolano, Hugo Chávez, por denunciar este jueves que senadores de Paraguay pedían sobornos para desbloquear el ingreso de Venezuela en el Mercosur.
«Que diga dónde, quién, cuándo», exigió el senador Benítez, mientras su correligionario Juan Carlos Galaverna dijo inclinarse más bien por la idea de que fuera Venezuela la que ofreciera el dinero, según declararon a sendas radios asuncenas.
Benítez incidió en la denuncia de «intromisión» y «gorilada» de parte de Maduro, aseverando que éste le dijo que debían atenerse «a las consecuencias» de una destitución de Lugo.
«No le di una trompada para que no sea ese el tema del día», bramó.
Benítez calificó de «atorrante» (desvergonzado) a Maduro y Galaverna de «tavyron» (idiota, en guaraní) a Mújica por sus manifestaciones de ayer, que otro senador, el liberal Miguel Saguier, consideró una «irresponsabilidad» pues «ignora la lucha contra el narcotráfico» que libra Paraguay y que «se resintió muchísimo» con Lugo.
El presidente del Senado, Jorge Oviedo, demandó a Chávez que dé pruebas de lo que denuncia y lo acusó de vender a Paraguay un petróleo malo y con intereses «usurarios» y de creerse «dueño» de los países a los que presta dinero, según la agencia estatal IP.
En la rueda de prensa, Franco y sus ministros abundaron en los proyectos que han sacado adelante, como la aprobación del impuesto a la renta, las negociaciones con la minera Río Tinto y alguna obra de infraestructura, y reiteraron que su intención es «sembrar para que otro Gobierno pueda cosechar» después de las elecciones de 2013 y «mantener relaciones con todos los países».
