Exactamente hace un año, en diciembre de 2022 hubo criticas por parte de la sociedad hacia algunas acciones que se habían tomado a lo interno del Congreso Nacional, una de ellas, era el uso de recursos públicos para que los diputados y diputadas puedan usarlos a su discrecionalidad, este es un punto que ha sido fuertemente criticado por quienes ahora son gobierno, cuando en el pasado, con el fondo departamental se dieron diversas irregularidades que también han sido señaladas y denunciadas por diversos sectores de la población hondureña.
Hoy nuevamente, en diciembre de 2023 estamos viviendo el mismo escenario de diciembre de 2022 y los demás gobiernos, con la salvedad que ahora los diputados dicen que la asignación de estos recursos bajo la denominación de subvención si son correctos y que es positivo porque los logran liquidar. Uno de los cometarios que hace el oficialismo es que ahora es que estos fondos si son administrados con transparencia y son debidamente liquidados, este es un aspecto positivo, porque de ser así, si hay un poco más de garantía que estos fondos sean usados a favor de terceros.
Pero, donde descansa el problema, va más allá si estos fondos son usados para fines de cometer actos de corrupción o si son usados de manera correcta en la población, el asunto es que los diputados no están para ejecutar fondos, por muchos temas, el primero es que al Congreso Nacional llegan a legislar, lo otro, es que la asignación de estos recursos puede ser de manera discrecional por parte de la Junta Directiva del Congreso, es decir, puede ser una forma para comprar voluntades y consciencias a cambio de un voto o silencio de los parlamentarios. Y no es algo que yo digo, es algo que se menciona, como dicen algunos alcaldes que no son del oficialismo, cuando están con posturas en contra del gobierno, no les asigna recursos y por ende no gestionan a favor de sus municipios y al momento de buscar su reelección no pueden alcanzarla porque “no hicieron nada a favor de su pueblo”, entonces para poder tener recursos y proyectos del gobierno, guardan silencio para que todo funcione mejor, así todas las partes involucradas ganan.
Hace unos días atrás el CNA a través del Mecanismo de Incidencia Ciudadana (MIC), resaltaba que el Congreso Nacional llevaba más de 100 días sin sesionar, asimismo, según el portal del MIC el presupuesto asignado para el Congreso Nacional es de 1,448,000,000.00 y a octubre de 2023 llevaban ejecutado un 57.16 % de ese monto, de octubre hasta la fecha no ha habido sesiones, únicamente ha estado en operación la Comisión Permanente del CN, la cual también ha sido altamente criticada por algunos sectores de la sociedad. Estos son temas altamente controvertidos, porque tenemos un pueblo con mucha desconfianza de la función pública, pero también estos fondos sirven para que el diputado en su departamento pueda generar una ayuda más directa a los males que el conoce y responder las solicitudes de sus paisanos.
Sin embargo, mientras tanto, el Congreso Nacional con más de 3 meses sin sesionar es un problema, la legalidad de la Junta Directiva otro, la asignación de fondos bajo la denominación de subvención es otro, y las decisiones de la Comisión Permanente es otro problema, mientras tanto, es apremiante que la sociedad civil vigile y cuestione el actuar de los parlamentarios de manera constante, la intención es ir mejorando en el ejercicio de la función pública, no ir retrocediendo. En ese sentido, se deben ir abonando esfuerzos que hagan crecer la confianza y vocación democrática en Honduras.
