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Fonac expone condiciones para adquirir y contratar durante emergencia sanitaria

Tegucigalpa – El Foro Nacional de Convergencia (Fonac), emitió un comunicado exponiendo condiciones al gobierno para que pueda participar en el proceso de adquisición de bienes y servicios y contratación de obras públicas durante la emergencia sanitaria.

En primer lugar, el gobierno deberá elaborar un protocolo siendo abiertos, transparentes, competitivos y alineados a las disposiciones establecidas en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento.

Añaden que el Estado debe formular y ejecutar un plan de adquisición de bienes y servicios y contratación de obras públicas, estableciendo ciclos cortos para atender con flexibilidad las demandas de esta coyuntura.

A renglón seguido, la conformación de un comité técnico multidisciplinario para los proceso de adquisición y contratación conformado por personal experto de diferentes disciplinas y pertenecientes a los entes públicos encargados de las transacciones.

Otra condición es que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) tenga presencia concurrente en todas las fases de las adquisiciones y contrataciones durante la emergencia sanitaria.

La quinta condición es que el gobierno abra espacios de participación a todas las organizaciones de la sociedad civil para conformar una incluyente plataforma de veeduría social.

Las participaciones de las organizaciones de sociedad civil en la veeduría y auditoria social serán en todas las fases de las adquisiciones y contrataciones que ejecute el Estado.

Fonac exige una publicación en tiempo real de los documentos inherentes a las adquisiciones y contrataciones según las disposiciones emanadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Las autoridades deben publicar la rendición de cuentas de cada proceso realizado para informarle a la ciudadanía, sociedad civil, medios de comunicación.

Finalmente, cualquier aspecto de una comisión de delito por un funcionario en las adquisiciones y contrataciones, sea de conocimiento público al TSC y el Ministerio Público para deducir responsabilidades administrativas, civiles y penales.

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