Tegucigalpa – El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó en su informe de la primera revisión del programa económico suscrito con el gobierno, que Honduras debe apuntar a mejorar la gobernanza y la anticorrupción.
Fondo destaca la fuerza de tarea para combatir el robo de energía eléctrica, vital para la estabilidad financiera de la ENEE.
Igualmente destacó que se deben realizar reformas para promover la transparencia, como parte de de una hoja de ruta dedicada a mejorar el clima de negocios.
El FMI se salió así de su tradicional esquema de sus comunicados, tras concluir las revisiones de los programas económicos que suscribe con el país o la del Artículo IV, enfocados en temas macroeconómicos, para abordar en esta ocasión los temas más clásicos de la política como gobernanza, transparencia y lucha contra la corrupción.
“Las autoridades también han desarrollado una hoja de ruta para mejorar la gobernanza y el clima de negocios, que incluye la propuesta de una nueva Ley del Banco Central, el mejoramiento dl proceso presupuestario y la calidad del gasto público, la simplificación administrativa, y otras reformas para promover la transparencia y avanzar en la lucha contra la corrupción”.
Aunque en Honduras no ha habido protestas masivas generalizadas, en Sudamérica se han registrado violentas jornadas en Ecuador, Chile, Argentina centradas en el malestar de la población contra la rigidez económica, muchas de las cuales se le achacan al organismo financiero internacional que siempre propone reducir o eliminar subsidios o actualizar los precios de las tarifas de servicios a condiciones de mercado.
En Honduras, siempre las jornadas de protesta se atacan al organismo, pero no han tenido la virulencia desatada en el cono sur del continente.
Si sorprendió que la semana anterior el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, criticara al organismo y lo responsabilizara que sus recetas a Honduras provocarán más daños que beneficios.
Atacar robo electricidad
El FMI destacó la “creación de una fuerza de tareas para atacar el problema del robo de electricidad” que apunta a robustecer el marco institucional para lograr un sector eléctrico abierto y competitivo, así como fortalecer la posición financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Lo anterior permitirá que se cree un espacio fiscal para proteger la inversión en infraestructura y el gasto social.
Destacó el comunicado que existen avances en el ambicioso programa de reformas, cuya meta es elevar el crecimiento potencial de la economía hondureña.
Desaceleración
La Misión del Fondo señaló que la economía hondureña ha “experimentado una moderación en el crecimiento económico” en los últimos trimestres, confirmando los temores que el país encara una desaceleración en su economía, aunque adelantó que se espera una recuperación el próximo año, en línea con un mejor desempeño de la economía mundial.
Lo anterior esta señalado en el informe que presentó la Misión del FMI tras la primera revisión del programa que suscribió con Honduras, el cual consiste en la implementación del Acuerdo Stand-by (SBA, por sus siglas en inglés) y el Acuerdo de Facilidad de Crédito (CFA, por sus siglas en inglés).
Dichos acuerdos le permiten a Honduras acceder a 311 millones de dólares de parte del FMI, aunque dichos recursos están a disposición en caso de emergencia para apoyo a balanza de pagos.
El FMI destaca que las autoridades hondureñas “continúan aplicando políticas macroeconómicas prudentes” bajo la Ley de Responsabilidad Fiscal, ya que están convencidas que las mismas son la respuesta adecuada para impulsar el crecimiento económico y el bienestar, así como “reducir la pobreza y la desigualdad”.
La misión del Fondo, encabezada por Esteban Vesperoni, comenzó la revisión del programa el pasado 28 de octubre y concluyó este viernes. Mantuvo encuentros con los integrantes del Gabinete Económico, otras instancias gubernamentales, la sociedad civil, la empresa privada y los miembros de la comunidad internacional.
Destacan que el gobierno hondureño reasigna el gasto para proteger la inversión pública y el gasto social, además de encontrarse comprometido a movilizar ingresos para preservar los logros obtenidos en los últimos años.
