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Fiscalía salvadoreña acusa a ocho militares de tráfico de armamento de guerra

San Salvador – La Fiscalía de El Salvador acusó hoy a ocho militares, tres detenidos este viernes y cinco presos por un proceso anterior, de integrar una banda de contrabando de armamento de guerra para grupos del crimen organizado.
 

La banda fue desmantelada en 2011, cuando fue sometida a los tribunales militares, pero las acciones concretadas hoy son parte del proceso civil, dijo en rueda de prensa el director de Intereses de la Sociedad de la Fiscalía General de la República, Julio Arriaza.

Recordó que en mayo pasado se descubrió que los militares habían sustraído al menos 1,800 granadas M-16 de almacenes de la Fuerza Armada con el supuesto fin de destruirlas, lo que simularon para quedarse con ellas y venderlas «a personas del crimen organizado a nivel internacional».

Un sargento mayor, dos cabos y dos soldados están recluidos desde entonces en el centro penal de Metapán, a 110 kilómetros al noroeste de San Salvador, indicó Arriaza.

Agregó que las autoridades detuvieron hoy al capitán José Mario Mejía Hernández y al sargento mayor Francisco Morales Miranda, que recibieron un «sobreseimiento provisional» en 2011.

Además, el sargento mayor de Brigada Gilberto Espinoza Hércules fue recapturado hoy cuando salía de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca (centro), tras haber sido exonerado por el caso de las 1,800 granadas, apuntó.

Arriaza explicó que la Fiscalía estableció, al profundizar las investigaciones en los últimos meses, que unas «9,800 granadas han sido comercializadas» por los militares acusados.

También se les investiga por la sustracción de cohetes Law, granadas de 40 milímetros, material explosivo «y posiblemente algún otro tipo de arma de uso exclusivo de la Fuerza Armada», refirió.

Arriaza indicó que la Fiscalía acusa a los militares de los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia, portación o conducción de armas de guerra, comercio ilegal y depósito de armas en perjuicio del Ministerio de Defensa Nacional y de la paz pública.

Indicó que se investiga a varios civiles que cumplían funciones de vigilancia, transporte o seguridad para llevar a cabo el contrabando de armamento.

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