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Fiscalía pide aumento de pena de Lula en caso por el que ya fue condenado

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Río de Janeiro – La Fiscalía de Brasil pidió oficialmente hoy el aumento de la pena a nueve años y medio de prisión que le fue impuesta en primera instancia al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el único proceso por corrupción en el que ha sido condenado hasta ahora.

En un parecer enviado este viernes al Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, la corte que tiene que pronunciarse sobre la condena contra el exjefe de Estado en segunda instancia, el Ministerio Público Federal solicitó el aumento de la pena impuesta en la primera instancia por considerar que el exmandatario incurrió tres veces diferentes en el mismo delito y no sólo una vez, aunque no especificó cuántos años.

En esta causa, el juez decimotercero federal de la ciudad de Curitiba, Sergio Moro, responsable por la investigación del escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras en primera instancia, consideró a Lula culpable de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.

Lula fue acusado en este proceso de haber recibido ventajas ilícitas de la constructora OAS como parte de pago por los tres millonarios contratos que Petrobras le adjudicó irregularmente a esa empresa.

Entre tales ventajas destaca la entrega de un apartamento de playa en Guarujá, municipio en el litoral del estado de Sao Paulo, cuya propiedad es atribuida al ex jefe de Estado pese a que no existen papeles a su nombre.

En su parecer de hoy al tribunal, el fiscal Mauricio Gotardo Gerum alega que el expresidente tiene que ser condenado por corrupción de forma independiente por cada uno de los tres contratos con que su Gobierno benefició ilegalmente a la OAS.

«En cada contrato firmado entre las contratistas y Petrobras, que en el caso de la OAS fueron tres, se renueva la oferta de ventajas, por lo que cada uno constituye un crimen autónomo», afirma el fiscal.

Además de solicitar un aumento de la condena, la Fiscalía lamentó que la defensa de Lula insista en el argumento de que se trata de un proceso político y se niegue a abordar sus aspectos penales.

«Es inadmisible que un expresidente de la República ponga en duda las instituciones que dan lastro a nuestra democracia. No están en discusión en este proceso los avances que el pueblo brasileño tuvo a lo largo de los años de la Presidencia de Lula. Lo analizado es exclusivamente el conjunto probatorio y la tipificación», aseguró.

El tribunal de segunda instancia, que ya comenzó a analizar el proceso pero no tiene plazo para pronunciarse, puede confirmar la sentencia condenatoria y, en ese caso, inhabilitar al líder socialista para las próximas elecciones presidenciales, o puede corregir la decisión inicial, absolver al acusado y archivar el caso.

El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) corre contra el tiempo debido a que en caso de que la condena sea confirmada en segunda instancia, así pueda presentar nuevos recursos y permanecer en libertad, estará inhabilitado para disputar las elecciones de octubre de 2018.

Lula, que ha admitido su deseo de disputar las presidenciales, lidera todos los sondeos de intención de voto para esas elecciones, aunque también tiene un índice de rechazo superior a la mitad del electorado.

El líder socialista, que niega todos los cargos, ha alegado en diferentes oportunidades que es «víctima de una persecución judicial y política» de los fiscales y jueces responsables por la investigación de Petrobras con la única intención de impedirle presentar su candidatura para aspirar nuevamente al cargo que ejerció entre 2003 y 2010.

Además del caso en el que ya fue condenado, Lula ya fue imputado en otros cinco procesos en su mayoría por corrupción y casi todos vinculados a los desvíos en Petrobras.

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