Ponce manifestó que el envío del oficio al titular de la secretaria de Educación, Alejandro Ventura, será para que constate el abandono injustificado del servicio por parte de los maestros.
Según la abogada, en el oficio antes mencionado también se estará solicitando que se promuevan nuevamente las responsabilidades.
Al mismo tiempo, dijo que en aquellos casos en donde no exista un justificación, estará obligado (el ministro) a aplicar la ley, así como lo previsto en cuanto a responsabilidades disciplinarias y administrativas y debiendo informar a la fiscalía.
“la fiscalía considera que la única forma de desalentar este abuso en el ejercicio a la huelga, es aplicando estrictamente la ley, donde no haya una justificación, autorizada por la ley para abandonar los puestos de trabajo, entonces, deben de aplicarse las sanciones que sean previstas”, expresó.
La fiscal dio a conocer que si el funcionario no emplea le ley con respecto a los maestros que incumplieron a sus labores, podría aplicar responsabilidad sobre si mismo.
“El código penal establece que aquel funcionario que omite cumplir las responsabilidades de su cargo, incurre en la violación de los deberes de los funcionarios, por lo tanto, si persiste la conducta de omitir la obligación de aplicar la ley y los procedimientos que están previstos en la ley, podría enfrentar una responsabilidad final”, anotó.