Tomé, quien busca una curul en el Congreso Nacional por el movimiento que encabeza el presidenciable liberal Roberto Micheletti Bain, también será acusado en las próximas horas por el delito de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios por la asignación irregular de la frecuencia del canal 12 de televisión.
La acusación por enriquecimiento ilícito le fue formulada al ex funcionario por el vicepresidente de la Fundación Arcadia, el ciudadano venezolano Robert Carmona, quien alega en su escrito presentado en el Ministerio Público que muestra una prosperidad económica inusual.
La denuncia a la cual tuvo acceso Proceso Digital indica que Tomé ha erogado un millón 015 mil 200 lempiras en concepto de publicidad en once días de campaña publicitaria, lo que indica, según Carmona, que el expresidente de CONATEL, se enriqueció de manera ilegal cuando fungió en el citado cargo.
El aspirante a diputado ha gastado 62, 500 lempiras diarios en concepto de publicidad, lo que equivale a los ingresos mensuales que percibía como titular de CONATEL.
La denuncia establece que en promedio, el denunciado ha publicado al menos 130 anuncios en los diferentes medios de comunicación televisivos del país, cuyos costos oscilan entre dos mil y 27,000 lempiras cada uno.
Lo anterior es sin tomar en cuenta la publicidad efectuada a través de la radio, la prensa escrita, vallas y otro tipo de propaganda política.
Según Carmona, todo esto indica un exceso con respecto a los ingresos legítimos obtenidos como funcionario público, sin que pueda existir una justificación legal de la fuente de la que provienen los fondos invertidos.
La denuncia presentada ante la Fiscalía agrega que es “imposible que el denunciado haya acumulado dichas cantidades de dinero con los salarios que devengaba como juez de lo penal, cargos que ocupo antes de ser presidente de CONATEL.
Para el caso, agrega la denuncia, el imputado posee un automóvil Toyota Pradom valorado en casi un millón de lempiras.
En virtud de todo lo anterior en el escrito se solicita al Ministerio Público investigue a Tomé por enriquecimiento ilícito, ya que antes de ocupar la presidencia de CONATEL, el ahora aspirante a diputado alquilaba una casa en la colonia Kennedy, lo que indica que su crecimiento económico ha sido vertiginoso en pocos años y no acorde a sus ingresos formales.
La Fiscalía informó que además del delito denunciado a Tomé se le abrirá un expediente por lavado de activos en virtud que dicho ilícito podrá estar ligado a presuntos actos de corrupción.
Concesión de Canal 12
Por otro lado, el fiscal especial contra la Corrupción Henry Salgado confirmó a Radio Cadena Voces que el ex fruncionario también será acusado en las próximas horas por el delito de violación a los deberes de los funcionarios y por abuso de autoridad por la asignación irregular del canal 12 a una prominente familia sampedrana.
Las pruebas y los resultados de las investigaciones por este hecho ya están concluidas y el requerimiento fiscal está listo para ser presentado ante los juzgados correspondientes en el curso de los próximo días.
De ser acusado ante los tribunales de justicia, el ahora político quedaría inhabilitado para optar a un cargo de elección popular y en el caso de ser encontrado culpable de las acusaciones en su contra.
Salgado dijo que la Fiscalía inició las investigaciones para determinar si en efecto Tomé se enriqueció ilegítimamente cuando fungió como presidente de CONATEL y para eso ya han pedido el apoyo de los auditores del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que es el ente encargado de investigar ese tipo de delitos.
En su defensa, el ex funcionario y ahora político liberal acusó al empresario Elías Asfura de estar detrás de una campaña en su contra para destruirlo políticamente y dijo que todo esto es parte de un plan para inhabilitarlo. Señaló que no se ha enriquecido ilícitamente y que presentará las pruebas ante las instancias correspondientes.
Tomé fue designado por el presidente Manuel Zelaya como presidente de CONATEL desde inicios de su gobierno y tuvo que renunciar de forma obligatoria, luego que el gobernante emplazará a todos los funcionarios que aspiraban a un cargo a que dimitieran de sus cargos para dedicarse a la política.
Su cargo fue ocupado por el ex secretario privado presidencial Raúl Valladares, hombre muy cercano y de extrema confianza del mandatario.
