Tegucigalpa – En el marco de la tercera etapa de la Operación Tifón, la Fiscalía Especial de las Etnias y Patrimonio Cultural, efectuó siete inspecciones en varios puntos de la zona arqueológica de Copán, donde se constató la existencia de antenas de servicios de Internet móvil, cuya instalación causó daños a los sitios arqueológicos ubicados en ese importante sector que fue declarado Monumento Nacional mediante decreto legislativo 182-85 y Patrimonio Cultural de la Humanidad por la ONU.
Según las investigaciones en poder del Ministerio Público, estas torres fueron instaladas sin autorización del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), con lo que se violentó lo establecido en la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación.
Las diligencias derivaron en dos requerimientos fiscales en contra de Juan Manuel Jerezano Vásquez y Wilmer Donaldo Almazán por los delitos de daños agravados en perjuicio del patrimonio cultural.
Juan Manuel Jerezano de la empresa Así Network causó daños al sitio arqueológico El Carrizalito y Wilmer Donaldo Almazán de la compañía Web Soft al sitio arqueológico Las Mesas, ambos en Copán Ruinas.
Por otra parte, mediante inspecciones realizadas en el Centro Histórico de la ciudad de Choluteca, se presentó requerimiento fiscal por el delito de abuso de autoridad contra José Ramón Zúñiga Velásquez y Angie Stefanie Guevara Flores, regidor municipal y directora del Catastro Municipal, respectivamente, por haber autorizado la instalación de una antena para servicios de televisión por cable, obviando los preceptos de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural y causando daños a este lugar que fue declarado Monumento Nacional mediante decreto 496-1977.
Además, se efectuaron inspecciones en la ciudad de Valle de Ángeles, cuyo centro histórico fue alterado mediante construcciones no autorizadas y por lo que se está pendiente de la emisión de los dictámenes técnicos del IHAH para proceder a impulsar las acciones correspondientes.
De igual forma, se realizó una inspección en Santa Ana, Francisco Morazán, a efecto de constatar daños bienes culturales protegidos.
Finalmente, en relación a los pueblos indígenas y mediante las diligencias de constatación realizadas por personal de esta Fiscalía y técnicos del INA, se logró concretar acciones penales contra varias personas por el delito de usurpación en perjuicio de la comunidad Pech de Santa María del Carbón, solicitándose la orden de desalojo respectiva pues este tipo de acción producen un detrimento no solo a las tierras y territorios de ese pueblo diferenciado culturalmente, sino también sobre sus propias formas de vida que ponen en peligro su existencia perdurable.
