El fiscal nicaragüense se suma así a unos 30 funcionarios públicos, entre magistrados judiciales, electorales, fiscales de cuentas y otros, que pese a haber concluido los cinco años para los que fueron elegidos en el Parlamento, permanecen en sus puestos.
Centeno dijo hoy al Canal 12 de la televisión local que permanecerá en el puesto para «darle estabilidad al país».
«El Ministerio Público es un órgano institucional del Estado con gran trascendencia en la vida nacional, porque es la base de la justicia procesal penal de Nicaragua, sin Ministerio Público no hay justicia procesal penal», señaló.
Junto a Centeno, también termina su mandato la fiscal adjunta, Ana Julia Guido, quien no ha dicho si continuará en su puesto.
En enero de 2010, Ortega emitió un decreto Ejecutivo para extender el período a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Consejo Supremo Electoral (CSE), fiscales de cuentas y otros importantes cargos públicos, lo que la oposición consideró ilegal y un «golpe de Estado».
En ese momento, Ortega adujo que el decreto era necesario porque en el Parlamento ni oficialismo ni oposición contaban con el mínimo de 56 votos para elegir a los funcionarios públicos.
Tras las elecciones presidencias de noviembre pasado, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que dirige Ortega, obtuvo una mayoría de 63 diputados en el Parlamento, de 92 totales, suficientes para elegir a los magistrados judiciales, jueces electorales y otros sin necesidad de aliarse con la oposición, pero no lo ha hecho.
El diputado liberal opositor Eduardo Montealegre ha solicitado públicamente a Ortega un diálogo para acordar, entre otras cosas, el futuro de las instituciones del Estado, en las que unos 30 funcionarios de alto rango siguen tras vencer sus períodos.
Ortega, sin embargo, no ha respondido a Montealegre, coordinador de la alianza Partido Liberal Independiente (PLI), la principal oposición en Nicaragua.
