- – Si hay tiempo para iniciar el cambio de cédula de identidad, por qué no seguir los pasos legales, cuestiona.
Dijo que se espera que el proceso «se haga en el marco y en la legalidad de la Ley de Contratación del Estado».
«No se puede seguir actuando a favor de contratación indirecta o buscar situación de emergencia» porque si las autoridades del RNP «saben el tiempo necesario» para el proceso «por qué no hacen los pasos a seguir», cuestionó.
«Es correcto que lo hagamos de la mejor manera y la mejor transparencia de conformidad a como lo establece la ley», insistió.
Salgado aclaró que por ahora «no podemos tener una opinión a priori de algo que no ha ocurrido», pero enfatizó que «esperamos que los funcionarios actúen bajo el marco del artículo 321 constitucional, dentro de sus funciones».
El fiscal subrayó que es «claro» que hay tiempo suficiente para empezar el proceso y así evitar que surjan los pretextos de que hay una emergencia para hacer la contratación directa.
«Yo creo que el señor director del Registro, Jorge Reina, ha advertido que este es el momento que tiene que empezar, no esperemos situaciones a última hora que favorecen los estados de emergencia y favorecen la contratación directa», insistió.
«Cuando hay contratación directa es más posible, crece la probabilidad en gran medida, de un 90%, que haya favoritismos a personas indicadas y esto es sinónimo de un evento de corrupción», aseveró Salgado.
Sobre si se justifica la contratación directa, el fiscal anticorrupción afirmó que «en este momento no».
«Si se está advirtiendo, y lo ha venido advirtiendo desde el año pasado el señor director (del RNP), por qué no hacen las gestiones en este momento, hacer la licitación correspondiente, y no direccionemos una contratación a determinada compañía de fulano, mengano, amigos de las personas que deciden esto», alertó.
Respecto a que haya en juego sumas millonarias como parte de la operación, Salgado comentó que «lógicamente estas son las cosas que se advierten».
«Para eso creamos un sistema de contratación, para hacerlo en el marco de esto, ya que es el único procedimiento objetivo que se la inventado para buscarle más objetividad e igualdad a los oferentes o los ofertantes de un servicio o de un suministro del Estado», apuntó el fiscal.
