En la misiva se recuerda que Ramírez fue asesinada en la localidad hondureña de Trujillo (noreste de Tegucigalpa) al día siguiente de hacer unas declaraciones sobre la «necesidad de aplicar» un decreto que facilite la transferencia de la tierra que antes estaba en manos del Ejército a las familias campesinas.
La activista, miembro de la Empresa Asociativa Campesina 14 de Julio, «ya había recibido amenazas de muerte por parte de terratenientes y ganaderos de la zona», señala la carta que junto a la FIDH firma el Observatorio para la Protección de los Defensores de los DDHH y la Organización Mundial contra la Tortura.
Las tres asociaciones solicitan a Zelaya que «tome de manera urgente medidas» para que ni este crimen ni los demás cometidos contra defensores de los derechos humanos en el país queden en la impunidad.
