Fallos de la Corte no se basan en encuestas aclara magistrado ante quejas del Presidente Lobo

Tegucigalpa – El coordinador de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrado Carlos David Cálix, manifestó este lunes que ellos no se basan en encuestas, ni en estándares de popularidad para dictar los fallos, sino en el análisis concreto de los casos.
 

El magistrado se refirió a reiteradas declaraciones ofrecidas por el presidente hondureño Porfirio Lobo, en las que denota su malestar ante decisiones del Poder Judicial.

Explicó que cuando no hay acuerdo en la Sala de lo Penal, el pleno es el que decide los recursos de inconstitucionalidad que se presentan.

“La función es analizar si una ley es consecuente o no con la Constitución y a eso debe de limitarse. Nosotros no podemos entrar en polémicas infructuosas sino que cumplir con nuestro trabajo que para eso nos pagan nuestro salario”, señaló.

Cálix indicó que la Constitución establece ciertas garantías como el recurso de inconstitucionalidad y mientras ese marco jurídico establezca que esa competencia le corresponde a la Sala de lo Constitucional de la CSJ, no hay más que agregar, expresó.

Reiteró que la Constitución establece que la función está reservada a la Sala de lo Constitucional y cuando no hay acuerdo se emplaza al pleno de la corte. “Mientras existan esas disposiciones constitucionales, de esa manera tendrá que hacerse el trabajo en consecuencia”, reafirmó.

El presidente Porfirio Lobo Sosa ha manifestado que “supremo solo Dios” en referencia a la potestad de los jueces quienes a su juicio deben ser auditados por un tribunal independiente para lo que él propone la creación de un Tribunal Constitucional.

El malestar del mandatario es por los últimos fallos de la CSJ y que tiene que ver con el escándalo del “arrozazo”, así como un Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley de la Confraternidad Evangélica.

El mandatario ha dicho que ya nombró una comisión de juristas para revisar lo actuado por la Corte. Frente a esta afirmación, el magistrado arguyó que es una decisión que le corresponderá al gobernante, “sí quiere que lo ilustren sobre temas jurídicos, él tiene la plena libertad de nombrar profesionales del derecho que lo ilustren”, dijo.

“La Constitución ya dice que el órgano encargado de administrar la justicia en última instancia es la Corte Suprema y en materia Constitucional la Sala de lo Constitucional”, puntualizó.

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