Madrid – Los extranjeros representan el 30 % de los trabajadores de la agricultura española, con una importancia creciente por la necesidad de mano de obra, lo que pone de manifiesto la necesidad de cambios para que se facilite su contratación, se regule mejor y se eviten los abusos laborales.
La presencia de inmigrantes en el campo español, uno de los más competitivos de la Unión Europea, es patente y está asentada, con 227,000 hombres y mujeres que trabajan en la agricultura, aparte de los empleados en la industria agroalimentaria.
Los empresarios y los sindicatos coinciden en su importancia y admiten que hay hueco para ellos en el sector, pero advierten de que hacen falta reformas para garantizar su inserción en las zonas rurales y lograr que su contratación sea regulada.
Algunos datos
En el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social española hay cerca de 200.000 afiliados extranjeros (199.669 a 31 de julio), según los datos oficiales, lo que supone un 32,3 % del total; de ellos 149.353 son hombres y 50.316 mujeres.
De estos afiliados extranjeros, 158.797 proceden de fuera de la Unión Europea (UE). Los principales países de origen son Marruecos (79.691), Rumanía (32.746), Senegal (14.891) y Ecuador (7.889).
A esto que añadir los 27,239 afiliados extranjeros dedicados a la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca dentro del Régimen General de la Seguridad Social y del régimen de trabajadores autónomos
La contratación en origen marca diferencias
Entre los trabajadores extranjeros de la agricultura hay que distinguir los que llegan a España con oferta de trabajo y contratación en origen y los que están ya dentro del país, muchos en situaciones que complican su reclutamiento, según el sector.
La vicesecretaria general de la organización agraria UPA, Montserrat Cortiñas, subraya a EFE que la contratación en origen funciona.
Como ejemplo, cita la campaña de frutos rojos de Huelva (suroeste), como la fresa, a la que acuden temporeras marroquíes y que se ha abierto a otros países, con experiencias de empresarios que viajaron a Honduras y Ecuador para contratar en campañas anteriores.
Los procedimientos de migración circular les autoriza a trabajar un número de meses al año para recoger las cosechas en España y después regresar a sus países.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha firmado acuerdos recientemente en Mauritania, Gambia y Senegal para agilizar esos procesos y, al mismo tiempo, contener la grave crisis migratoria de las islas atlánticas Canarias, adonde miles de personas llegan de manera irregular por mar cada año desde el continente africano, más de 25.500 desde enero pasado.
En la agricultura española trabajan también extranjeros que están en España en situaciones irregular y cuya contratación es difícil para el empresario.
El Gobierno ha iniciado una reforma del reglamento de la ley de extranjería para simplificar el esquema de autorizaciones, que ha movido a las organizaciones agrarias a reivindicar soluciones para solventar los problemas de personal.
Entre las demandas destaca la revisión del criterio de «arraigo» en España, por el que se piden pruebas difíciles de obtener por los emigrantes.
Cortiñas defiende una regularización que proporcione mano de obra extranjera y familias a las zonas rurales, y precisad que los pequeños y medianos productores tienen más difícil asumir los costes de contratación, sobre todo en casos de cosechas que «con una granizada» pueden cambiar en un día.
La opinión sindical
Entre los sindicatos, el secretario sectorial agroalimentario de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, Sebastián Serena, explica que la importancia de los inmigrantes en el campo es pública, y valora experiencias de contratación en origen en África y Latinoamérica.
La cara negativa, apunta, es la presencia de trabajadores ilegales en España que son sometidos a abusos laborales.
Muchos trabajadores inmigrantes del sector agrario, añade Serena, se han pasado a la industria alimentaria, donde su presencia es notable en el ámbito cárnico y los mataderos; en algunas cárnicas españolas hay «más de 20 o 30 nacionalidades».
«La diferencia en estas empresas industriales es que trabajan con contrato legal, con una jornada regulada y convenio colectivo», resalta. JS
