Tegucigalpa – Gabriel Rubí, excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) se presentó voluntariamente este miércoles ante los Tribunales en Materia Anticorrupción para responder por supuestos delitos cometidos en el marco de la pandemia en Honduras y dijo que “no hay fraude, sino una mala percepción de las autoridades”.
Inicialmente indicó que se hará presente cada vez que los requieran las autoridades y en esta ocasión se presenta para saber de qué se trata la acusación “entiendo que es por una clínica móvil, quiero aclarar que lo que hay es una mala percepción, comparándolo con el otro proceso de compra de los hospitales móviles”.
Y consultado ¿si cometió fraude? Respondió “si entran al portal de la empresa, verán que le proveen a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Comando Sur), la compra fue directa al fabricante, no hay un intermediario, lo que hay es una mala percepción de lo que ha pasado, no puede haber fraude cuando se compra directamente al fabricante”.
Subrayó que lo que las autoridades están obviando es que todo se compró bajo un decreto de emergencia y en otro tiempo, donde nada estaba preparado para la pandemia “hubo una fiscal que me dijo, le vamos a ir sacando los requerimientos y se los vamos a ir tirando como cartas de naipes y me preocupa porque eso no debe manejarse así, yo aquí estoy respondiendo”.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), presentaron requerimiento fiscal al excomisionado de Copeco, la cusación también incluye Nery Cerrato exviceministro de salud, Cristian Elías Santeli Chavarría y Mirna Luz Romero Majano.
El caso está relacionado a la suscripción de un contrato para la compra de un hospital móvil y unidad de aislamiento para combatir el COVID-19 en Villanueva, Cortés, por el cual se erogaron casi seis millones de lempiras pero, lo que se instaló nada más fue una carpa que no cumplía ni los requisitos básicos o mínimos para atender pacientes en momentos críticos de la pandemia.
Conforme a la investigación del Ministerio Público, los encausados se coludieron para defraudar las arcas públicas y beneficiar a la empresa que lo que entregó fueron toldos y camillas de campamento, estableciéndose que en fecha el 28 de febrero de 2020.
Sin embargo, el Juzgado Penal en materia de Corrupción informó sobre el recibo de un requerimiento fiscal donde se solicita orden de captura contra cuatro acusados de violación a los deberes de los funcionarios, fraude y falsificación de documentos públicos. JP
