Tegucigalpa – Varias han sido las operaciones de la Fiscalía hondureña dirigidas a golpear a miembros de la carrera policial coludidos con el crimen, sicariato, narcotráfico y lavado de activos.
– Siete expolicías enfrentan cargos ante la justicia de EEUU por delitos de narcotráfico.
– Media docena de operaciones del MP han golpeado a miembros de la carrera policial: Avalancha, Panamericano, Ariete, Medusa, Dignidad y Perseo
– Cerca de cuatro mil 500 efectivos han salido de la institución desde que comenzó el proceso de depuración en abril de 2016.
Casi una decena de oficiales han sido requeridos por la justicia tras imputarles responsabilidades en casos emblemáticos. El último es el del subcomisionado, en condición de retiro, Jorge Alberto Barralaga Hernández (56), detenido mediante la Operación Perseo, presuntamente por liderar una red de lavado de activos que movía recursos hasta por mil 900 millones de lempiras.
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Con base a información del Ministerio Público, Barralaga y la esposa de éste, Reyna Elizabeth Ayala Reyes, que también laboraba al momento de su captura como asesora de la Secretaría de Seguridad, lideraban la red que lavó miles de millones de lempiras a grupos ilícitos.
En esta operación también fue detenida Edith Xiomara Roca, cuñada del excomisionado Barralaga y esposa del exalcalde de Sabá, Colón, José Santiago Barralaga, todos vinculados al delito de lavado de activos. Mientras la cuarta capturada fue Montse Fraga (pareja de Wilter Blanco, capo extraditado a EEUU y quien se declaró culpable).
En las últimas horas, la Secretaría de Seguridad informó que el subcomisionado Barralaga salió de la institución en diciembre de 2011, en tanto Reyna Elizabeth Ayala Reyes quedó suspendida del cargo tras los últimos acontecimientos.
La misma determinación ordenó la suspensión de 455 miembros de la Policía hondureña, por lo que la cifra de agentes despedidos asciende a un poco menos de cuatro mil 500 desde que comenzó el proceso de depuración en abril de 2016.
Operación Dignidad
En febrero de este año se puso en marcha la Operación Dignidad para capturar a los presuntos responsables del asesinato del Fiscal de Oro, Orlan Arturo Chávez, hecho ocurrido en abril de 2013.
En estas acciones se detuvieron a dos personas. En el allanamiento efectuado en la colonia Tiloarque de Comayagüela, se ejecutó la orden de captura contra Wilmer Samuel Álvarez Paguada (41), quien es uno de los presuntos sicarios de Chávez, además de Luis Alejandro Castro Núñez (49), quien estaba privado de libertad en el Centro Penal de San Pedro Sula por el delito de robo, ambos acusados por el delito de asesinato en perjuicio del “Fiscal de Oro”.
Asimismo, investigaciones de la ATIC señalan la participación del entonces comisario de Policía, Mario Guillermo Mejía Vargas, en este crimen, a quien también se le ha girado orden de captura por el asesinato de Chávez. El oficial se entregó a la justicia de Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Tres oficiales detenidos en Panamericano
En noviembre de 2016, durante la ejecución de la Operación Panamericano se logró la captura de tres oficiales de la Policía hondureña.
Una de las capturas se registró en Puerto Cortés, en el norte de Honduras, donde fue detenido el excomisionado policial Ángel Antonio Velásquez Enamorado.
Otra de las detenciones tuvo lugar en la capital hondureña, donde fue detenido el oficial de la Policía Preventiva, Obed Macías Hernández. Mientras que en Roatán, Islas de la Bahía, fue capturado el oficial José Alberto Carías.
La Operación Panamericano se ejecutó con el objetivo de capturar miembros de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas transnacional, cuyos principales miembros eran policías.
Según las investigaciones de la Fescco, en esta banda organizada, los integrantes de la Policía Nacional de encargaban del trasporte de la droga, garantizando su paso por el territorio nacional y su entrega a otros socios con los que mantenían conexiones en otros países de la región.
Operación Medusa
A finales de septiembre de 2016 también se golpeó a empleados de la carrera policial. Mediante la Operación Medusa se capturó a media docena de operadores de justicia, entre ellos a Marco Tulio Bulnes Ramírez, quien se desempeñó como administrador de la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos de la Policía Nacional.
El detenido ostentó durante seis años el cargo que utilizó para enriquecerse ilícitamente con cuatro millones de lempiras, de acuerdo a lo informado por la Fiscalía.
Bulnes Ramírez fue capturado en las oficinas del Instituto Nacional Penitenciario (INP) de Tegucigalpa, donde se desempeñaba como Jefe de Presupuesto.
Po otra parte, en un trabajo coordinado con la Fiscalía Regional de La Ceiba se logró poner a la orden de los Tribunales de Justicia al policía de investigación, Byron Roberto Valladares Medina, a quien se le supone responsable de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y ocultamiento y destrucción de documentos públicos.
El uniformado habría desaparecido y quemado un expediente investigativo para favorecer a un miembro de la estructura criminal “MS” capturado en posesión de drogas y armas de fuego en la ciudad de La Ceiba.
Operación Ariete
En julio de 2016 se desarrolló la Operación Ariete con el afán de asegurar bienes ligados a los policías acusados de narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos.
La operación de incautación se realizó de manera paulatina en diversas ciudades del norte y centro del país, teniendo por objeto 32 bienes inmuebles, 15 vehículos y 9 sociedades mercantiles.
Fue así que se procedió a la identificación y ubicación de bienes (inmuebles, vehículos, sociedades mercantiles, productos financieros), de los exoficiales de policía: Ludwing Criss Zelaya Romero, Carlos José Zavala Velásquez, Mario Mejía Vargas, Víctor Oswaldo López Flores y Jorge Alfredo Cruz Chávez.
Cae subcomisario en Avalancha
En febrero de 2016, mediante la Operación Avalancha fue detenido el subcomisario de la Policía, Álvaro Ernesto García Calderón, acusado por asociación ilícita.
A García Calderón lo detuvieron en su lujosa mansión ubicada en el barrio La Pozona, en el municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán.
De acuerdo a lo informado por la Fiscalía en esa oportunidad, la captura del subcomisario es parte de la Operación Avalancha en la que se desarticuló una red vinculada a la extorsión y en la que se aseguraron bienes de miembros de la mara Salvatrucha.
Dentro de la escala de la Policía Nacional, García alcanzó el grado de subcomisario y durante varios años estuvo asignado a la Unidad contra Maras y Pandillas de la ya desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).
La misma información oficial da cuenta que este uniformado usaba una caravana de tres autos para movilizarse.
Más expolicías detenidos por sonados crímenes
En diciembre de 2016, a través de la Operación Tifón III, fue capturado un elemento policial señalado de haber participado en el crimen contra el hijo del exgerente financiero del Seguro Social, Ramón Bertetty.
Es así que fue aprehendido el expolicía Saúl Medina como sospechoso del crimen.
Mientras en octubre de 2016, la ATIC capturó a otro expolicía por suponerlo responsable de la muerte de las fiscales Marlene Banegas y Olga Patricia Eufragio, hecho ocurrido en octubre de 2014 en San Pedro Sula.
El imputado fue identificado como Roberto Armando Carranza Romero, alias “Carranza”. Sin embargo, un día antes fue detenido Jacinto Mendoza García, alias el “Kamuma”, un expolicía vinculado al crimen de las dos abogadas.
Policías extraditados a EEUU
Aunque son siete elementos policiales que enfrentan la justicia en cortes de EEUU, solo dos han sido extraditados mediante la figura del auto acordado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Los restantes cinco se entregaron en forma voluntaria.
Wilmer Carranza Bonilla y Ludwig Criss Zelaya Romero fueron entregados por el gobierno de Honduras a su par de EEUU, en tanto Mario Guillermo Mejía Vargas, Carlos José Zavala Velásquez, Víctor Oswaldo López Flores, Jorge Alberto Cruz Chávez y Juan Manuel Ávila Meza, se entregaron a las autoridades estadounidenses. Todos son señalados por delitos de narcotráfico.
En marzo de este 2017, EEUU acusó a otro elemento de la Policía hondureña por conspirar para enviar droga hacia ese país. Lo anterior vinculado al proceso contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), quien se declaró culpable y espera condena para este año.
Se trata de Carlos Alberto Valladares Zúñiga, exjefe de la Sección de Homicidios de la desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC). Él se mantiene prófugo de la justicia.
Así pues el proceso de depuración en la Policía transita momentos escabrosos y se prevé más acciones de las autoridades para desarticular redes criminales lideradas por oficiales.