Tegucigalpa / Ginebra – Este viernes expertos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instaron a Honduras, país elegido el mes pasado para el Consejo de Derechos Humanos, a liberar a ocho defensores del medio ambiente de acuerdo con las recomendaciones emitidas por un órgano de la ONU.
«Como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Honduras debe redoblar sus esfuerzos para mejorar la situación de derechos humanos en el país. Un primer paso sería poner en libertad a los defensores de Guapinol», dijo Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos.
Hace dos años, se ordenó la detención preventiva de los defensores, debido a su oposición a una mina de óxido de hierro dentro de un parque nacional protegido en la municipalidad de Tocoa, departamento de Colón, recordó el organismo a través de un comunicado.
Se trata de los defensores: Jeremías Martínez Díaz, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Orbín Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán y Ewer Alexander Cedillo Cruz quienes viven en la comunidad de Guapinol, cerca del río Guapinol, el cual ha sido contaminado por las actividades mineras.
Los defensores pertenecen al Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), una red de grupos locales dedicados a la defensa de la tierra y el medio ambiente. En febrero de este año, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria emitió una opinión en la cual se consideró que su detención fue arbitraria al incumplir con varios estándares de derechos humanos, incluidos el derecho a un juicio imparcial. Al publicar la opinión oficial sobre el caso, el Grupo de Trabajo hizo un llamado por su liberación inmediata.
El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales planteó su preocupación sobre este caso en concreto tras su visita a Honduras en 2019. El Grupo de Trabajo recomendó al gobierno que adoptara medidas inmediatas para proteger la vida y la integridad de los defensores de los derechos humanos en su labor de defensa de los derechos de las comunidades, su tierra y el medio ambiente en el contexto de los proyectos de desarrollo, y que garantizara una investigación rápida e imparcial sobre los casos de amenazas y violencia contra ellos.
Sin embargo, en agosto una corte hondureña extendió su detención preventiva. El inicio del juicio está previsto para el 1 de diciembre de 2021.
«Desde el inicio de este proceso, se han planteado serias dudas sobre las bases de las acusaciones y la imparcialidad de los fallos judiciales,» dijo Lawlor. «Parece no existir ninguna justificación para la extensión de la detención. De hecho, la detención prolongada de los defensores de Guapinol desprestigiaría los esfuerzos de Honduras para mejorar la situación de las personas defensoras de derechos humanos.»
Cuando la Asamblea General eligió a Honduras para el Consejo de Derechos Humanos por primera vez en su historia, el país se comprometió a fortalecer los mecanismos internacionales y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los instrumentos de derechos humanos.
Además de no cumplir con la decisión del Grupo de Trabajo, Lawlor señaló que Honduras tampoco ha ratificado el Acuerdo de Escazú, el primer instrumento jurídicamente vinculante del mundo que incluye provisiones sobre personas defensoras del medio ambiente. También señaló el reconocimiento histórico del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible por parte del Consejo de Derechos Humanos el 8 de octubre de 2021 mediante la adopción de una resolución.
«¿Cómo se puede esperar que Honduras promueva compromisos significativos de derechos humanos si no está dispuesto a comprometerse por sí mismo?» preguntó Lawlor. La Relatora está en contacto con las autoridades de Honduras sobre el caso de Guapinol.
Su llamado fue respaldado por: Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento; David R. Boyd, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente; y Elina Steinerte (Chair-Rapporteur), Miriam Estrada-Castillo (Vice-chairperson), Leigh Toomey, Mumba Malila, Priya Gopalan, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. (RO)
