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Exjefe de Cicig: el apoyo mundial anticorrupción a Guatemala es insuficiente

Guatemala – El abogado colombiano y exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, aseguró que el apoyo a la lucha anticorrupción por parte de la cooperación internacional en el país centroamericano ha sido «insuficiente».

Velásquez, quien lideró la entidad auspiciada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) entre 2013 y 2019, indicó que es necesario «asumir posiciones más radicales» por parte de los países cooperantes en la nación centroamericana para salvaguardar la democracia.

Las palabras del abogado colombiano, en una entrevista en línea con Efe, se registran en medio del proceso de elección de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal del país, y cuya designación de jueces es clave para la lucha anticorrupción y para que no sea cooptado el Estado, según expertos.

Velásquez esgrime que «o se coopera conscientemente con Estados que se van dirigiendo cada vez más a su desintegración, o se establecen criterios claros, en qué condiciones se establece esa cooperación. Yo creo que con todo lo que se haya podido ver desde las acciones del embajador de los Estados Unidos en Guatemala (William Popp), todo ha sido insuficiente».

«Tan insuficiente que estamos en la situación que estamos hoy», agregó.

Las pesquisas comandadas entre 2014 y 2019 por Velásquez, la ex fiscal general Thelma Aldana y el actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, destaparon docenas de casos de corrupción estatal, imputando a más de 200 personas entre ministros, funcionarios, empresarios y también a los expresidentes Otto Pérez Molina (2012-2015) y Álvaro Colom Caballeros (2008-2012).

Las investigaciones provocaron que incluso una parte de la élite empresarial del país pidiera «perdón» por haber ocultado la financiación al partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) en las elecciones de 2015 que llevaron al poder a Jimmy Morales, sobre quien pesó un desafuero por la misma causa.

LA VISIBILIZACIÓN DE LA CORRUPCIÓN

Según el exmagistrado del Supremo colombiano y excomisionado de Cicig, de 65 años de edad, «los poderes ocultos» en Guatemala, contra los que lucho la entidad de la ONU, «ya no están tan ocultos».

«Su propósito de apoderarse totalmente del sistema de justicia, incluida la Corte de Constitucionalidad, está a la vista de todos y si no hay reacción ahora me parece muy difícil que haya una posterior», argumentó Velásquez, quien considera vitar dicha elección del máximo tribunal para el futuro del país.

La lucha anticorrupción emprendida por Velásquez en Guatemala provocó que el presidente en 2017, Jimmy Morales, le prohibiera la entrada al país centroamericano, y dos años después, en 2019, Morales también decretó el final de la CICIG.

Morales llevaba a cuestas sendas denuncias de corrupción y un proceso legal en contra de su hermano y su hijo mayor por un supuesto fraude al Estado, previo a su llegada al poder. Ese clima de investigaciones que promovió la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público junto a la Cicig, sumado a cabildeos de sus partidarios en el senado estadounidense, puso la balanza de su lado y de la impunidad.

«La revancha que quisieron conseguir, promovida por el Gobierno de Morales y oficializada en el Congreso de Guatemala, va a cumplir su propósito con todo lo que haya significado la lucha anticorrupción, porque ellos (Ejecutivo y Legislativo) no perdonan haber perdido el sueño; estaban en grave riesgo de ser sometidos a la justicia. Va a venir el momento de la ‘retaliación’ (venganza), que va a venir con esas fuerzas antidemocráticas», soslaya.

«Desde la derrota de (Donald) Trump iba a haber una carrera muy fuerte por consolidar ese proyecto del pacto de corruptos, a la impunidad y la imposibilidad futura de atacarla», puntualiza Velásquez, quien hace referencia al denominado ‘pacto de corruptos’, como se ha llamado al grupo de políticos y empresarios que intentan cooptar la Justicia en Guatemala.

Ese «proceso de culminación» del llamado «pacto de corruptos», advierte el excomisionado, busca «terminar con todas las resistencias que persisten», como la misma Corte de Constitucionalidad, que en la actual magistratura tenía «una mayoría que ha impedido un mayor deterioro del Estado de derecho».

ATAQUES CONTRA LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN

Velásquez también observa ataques directos «contra un ombudsman bastión en la resistencia; contra las organizaciones de pueblos indígenas: y contra con sectores ciudadanos como Alianza por las Reformas o el Frente Ciudadano Contra la Corrupción».

Además, advierte que existe el riesgo de que también «supriman toda efectividad en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, para que «sea una entidad más, una dependencia más (…) y no solo para neutralizar su actividad, sino para castigar a todos los que se comprometieron en esta lucha contra la impunidad del poder».

El excomisionado considera que la «consolidación» de las mafias en Guatemala va «a afectar el presente del país por lo menos los próximos cinco años» y detalla que ya existía «un profundo deterioro institucional» que se aceleró «en el Gobierno de Morales» y que continúa ahora con la Administración de Alejandro Giammattei.

El actual presidente guatemalteco «tiene una de las tachas históricas en su alianza (legislativa) con una organización que la Embajada de Estados Unidos en Guatemala ya había llamado una entidad política del narcotráfico: la Unión del Cambio Nacional (UCN)», señala Velásquez, en referencia a la agrupación política cuyo fundador y excandidato presidencial, Mario Estrada, se encuentra preso en EE.UU. por tráfico de drogas.

Según el excomisionado, «deberían haber acciones contundentes inequívocas» de la comunidad internacional, reacciones y sanciones más allá de pronunciamientos, dice, para no «convalidar un régimen» que tenga una Corte de Constitucionalidad «ad hoc» que «resuelva contra los intereses democráticos», concluyó.

Guatemala es uno de los seis países más corruptos del continente según diversos informes de organismos internacionales, además de ser uno de los más pobres y con mayores desigualdades de la región. 

JS

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