Tegucigalpa – La Mesa de Derechos Humanos en Honduras, en un pronunciamiento plasmó sus reclamos sobre la defensa a las garantías ciudadanas en el país, donde aseguran que la actual administración de gobierno, que lidera la presidenta Xiomara Castro tiene un buen plan para proteger la dignidad humana, pero el mismo debe pasar de la teoría a las acciones.
Varios defensores de derechos humanos se manifestaron frente a la Casa Presidencial del país centroamericano para visualizar al menos 10 casos relacionados a violaciones a derechos humanos y en los que consideran necesitan inmediata respuesta del parte del Estado.
De esta manera, los organismos de DDHH condenan casos como el que ocurre en la comunidad garífuna de Punta Gorda, las ZEDEs, Río Gualcarque, la situación de las elecciones en la UNAH, el sistema de justicia y la Corte Suprema, los feminicidios y los ataques a grupos LGTBI.
En papel muchas cosas cuadran, la realidad es otra
Dina Meza, defensora de derechos humanos y libertad de expresión en Honduras, considera que existe un buen plan en defensa de las garantías, pero que todavía son puntos en agenda y por ende instan al Estadio tomar acciones en pro de la dignidad del ser humano.
“Hay violaciones sistemáticas que se han venido produciendo desde hace mucho tiempo y es urgente que la presidenta Xiomara Castro, atienda y ponga en marcha su plan por la defensa y respeto de los derechos humanos”, amplió Meza en declaraciones a Proceso Digital.
Refirió que existe además mucha presión y persecución a los migrantes que entran de manera irregular a Honduras, que si bien es cierto cometen una falta, pero eso no es una justificación para que sean acosados y vulnerados sus derechos, porque la migración es un derecho humano.
“El plan que presentó la presidenta es pro de derechos humanos, pero debe implementarse, pero debe profundizarse porque en papel todo cuadra y aguanta con todo, pero queremos cosas puntuales, es claro que en la Secretaría de Derechos humanos hay un caos”, subrayó.
Migrantes, indígenas, LGTBI y mujeres, sin protección
Por su parte, Sandra Zambrano de la Mesa de Derechos Humanos, refirió que han hecho una radiografía de la situación que acontece en grupos indígenas, garífunas, así como las mujeres, las personas en movilidad humana, así como la comunidad LGTBI, entre otros.
Es necesario –dice Zambrano- que se generen políticas públicas que permitan tener impacto en las comunidades que están siendo atropelladas, marginadas y perseguidas, existe mucha violencia y muchos crímenes se encaminan a quedar en total impunidad.
“Nos preocupa la situación la situación de las personas en movilidad humana, están en las calles bajo múltiples riegos y sin ningún tipo protección, la institucionalidad debe prestar atención al pronunciamiento de los defensores porque este es un tema en detrimento”, acotó.
Zambrano instó al Estado, a hacer prevalecer los tratados internacionales en materia de derechos humanos y aseguró que preocupa además el estado de excepción, que los vinculamos con una polifobia porque estigmatiza a los pobres por su condición y no a los intelectuales.
Comunidades indígenas, garífunas, minería y las ZEDE
Condenamos los ataques al pueblo garífuna de Punta Gorda, donde; contrario a todo principio de DDHH y estándares relativos a los pueblos indígenas, se procedió a un desalojo forzado y posterior criminalización de 6 personas defensoras del territorio, unido a amenazas a muerte contra otros liderazgos de garífunas de la OFRANEH. Hacemos un llamado enérgico al Estado para aplicar irrestrictamente los protocolos correspondientes en favor del pueblo Garífuna.
Urgimos a observar y tomar acción inmediata de protección hacia personas defensoras del territorio y soberanía aglutinadas en ARCAH, quienes se oponen a las derogadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), siendo objeto de ataques y amenazas de muerte por parte de sus promotores. Creemos que el apoyo más inmediato es acelerar los procesos de ejecución del acto de derogación de esos modelos económicos.
Asimismo condena los retrasos judiciales en el marco de los juicios sobre el caso de “Fraude sobre el Gualcarque”, dichos retrasos difuminan la consolidación de la construcción de Justicia para Berta Cáceres y el pueblo Lenca. Expresamos solidaridad con el COPINH y las víctimas, y exigimos debidos procesos para que los crímenes que circundan el caso, no queden impunes.
Exigimos un cese a los ataques contra personas defensoras del Tolupán en la comunidad de Las Vegas de Tepemechín y del pueblo Lenca en el municipio de Reitoca y en Tierras del padre, donde desde la impunidad se impulsan procesos de criminalización, amenazas y desalojos, haciendo uso completamente indebido de las normativas de justicia en Honduras, lo cual incluye la propuesta y puesta en acto del uso desproporcionado de la fuerza física contra pobladores.
Estudiantes, prensa, corrupción y violencia contra la mujer
Observamos con mucha preocupación la situación que enfrentan estudiantes de la UNAH en el marco de la defensa del derecho a la educación pública, donde procesos denunciados de corrupción, empañan las posibilidades de mantener la autonomía de la UNAH, incurriendo incluso en reelecciones ilegales e ilegitimas como es el caso del señor Francisco Herrera.
Preocupa denuncias de periodistas que manifiestan presión desde funcionarios por artículos relacionados con dilatorias sobre respuestas alrededor de temáticas, en particular sobre la inspección que se llevó a cabo a la empresa minera Inversiones Los Pinares y que hasta la fecha la comunidad y el Comité de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa esperan los resultados, en ese contexto le medio que cubrió una visita a INGEHOMIN ha sido descalificado de esa dependencia.
Recordamos los compromisos adquiridos por el Estado de Honduras sobre la libertad de prensa, entre ellos el asumido en la Coalición Global de Medios y las recomendaciones del EPU. Los medios de comunicaciones y periodistas deben tener la libertad de escribir de cualquier tema son temor a represalias.
Llamamos la atención sobre el Mecanismo Nacional de Protección, el cuál debe ser un ente de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos y que debe ser fortalecido de inmediato con un presupuesto robusto para su funcionamiento y la independencia necesaria.
En el marco de la instalación de la CICIH, el apoyo derivado de instancias internacionales destinado al sistema de justicia de un país nace de la pretensión de dotar a la investigación penal estratégica de independencia, solvencia técnica, intercambio de mejores prácticas a nivel internacional y la constante transferencia de capacidades y recursos a las instituciones nacionales.
La premisa de su funcionamiento es que el sistema judicial carece de recursos técnicos y presupuestarios para responder eficiente y eficaz en materia de desarticulación de complejas redes de criminalidad, mismas que cabalgan entre lo lícito y lo ilícito, con enorme poder político, económico y mediático, todos ellos orientados a mantener condiciones de impunidad y reproducir esquemas ilegales de tráfico de influencias y obtención de ganancias ilegítimas.
En el transcurso de las últimas décadas ha habido avances normativos que reconocen derechos de las mujeres, ejemplo, La ley contra la Violencia Doméstica, La ley de Igualdad de Oportunidades para la mujer y el II Plan de Igualdad, pero tales progresos no se han traducido en el pleno goce de esos derechos y a la igualdad sustantiva necesaria para acortar las brechas de desigualdad y la exclusión histórica.
De acuerdo con datos de los observatorios de Derechos Humanos de organizaciones feministas, como CDM y Visitación Padilla, de enero a junio de 2022, el Ministerio Público recibió 4,927 denuncias de violencia, de las cuales, 33% corresponden a violencia sexual y, el número de emergencia 911 recibió 19.552 denuncias de violencia doméstica.
Y hasta el 25 de noviembre de 2022 se han registrado 259 femicidios con un índice de impunidad del 96%. Ante estos datos, es urgente que el Estado realice acciones pertinentes e integrales para salvaguardar la vida de las mujeres, esa deuda histórica, es igualmente, violencia institucional contra las mujeres.
Migración y comunidad LGBTIQ
En el contexto de víctimas LGBTIQ+ que han sufrido violencia basada en prejuicios es que el Estado, en un plazo razonable y por medio de funcionarios capacitados en atención a víctimas de discriminación y violencia contra personas trans, deberá seguir las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a las personas responsables evitando la aplicación de estereotipos discriminatorios y la realización de cualquier acto que pueda resultar re victimizante para sus familiares.
Que se realicen capacitaciones y sensibilización dirigido a los agentes encargados del orden público sobre la comunidad LGBTIQ+ y los riesgos que enfrentan, desde enfoques diferenciados basados en la orientación sexual, identidad de género y expresión de género, o características sexuales o aquellas relacionadas con el hecho de ser intersex, para que no se repitan ejecuciones extrajudiciales en contra de personas LGBTI.
Los programas existentes deben incluir también sensibilización sobre el trabajo sexual, personas con VIH positivo, y la labor de defensa de DDHH de la población LGBTI. Que se ordene la adopción de reformas que permitan el cambio de nombre y de género de las personas trans con “base a la identidad de género auto percibida, incluyendo la Creación de una Ley de Identidad de Género y la reforma al artículo 38 del Reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas que contiene prohibiciones del cambio de nombre y sexo, de conformidad con la interpretación de la Convención Americana realizada por la Corte en su Opinión Consultiva.
Existe preocupación por el retroceso en materia de protección a migrantes tales como las detenciones, expulsiones, no admisiones, devoluciones expeditas de México, Estados Unidos y Guatemala, la falta de articulación entre los países de origen, tránsito y destino que dificulta la garantía de los derechos humanos y la protección de las familias, la niñez, pueblos originarios, afrodescendientes, comunidad LGTBIQ+, y otros grupos vulnerables.
Es necesario la priorización y la promoción del principio de Interés Superior del Niño de la Convención sobre Derechos del Niño en el marco de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de migración por medio de mecanismos de protección que garanticen el respeto a sus derechos, durante el ciclo migratorio.
Otra preocupación, desde las organizaciones de DDHH, es el estado de excepción actual en el país y como este también afecta a las personas que están en tránsito por Honduras, como organizaciones de Derechos Humanos debemos estar vigilantes y socializar con ellos/as a través del equipo que se tenga en las zonas de tránsito algún número de celular donde ellos y ellas puedan comunicarse en caso de que sus derechos sean violentados durante el estado de excepción.JP
