Tegucigalpa – La aplicación de la recién aprobada “ley de política limpia”, de cara al próximo proceso electoral de noviembre es una necesidad urgente para evitar que el dinero sucio siga permeando la institucionalidad hondureña.
Así lo plantea un movimiento de la sociedad civil que busca blindar las próximas elecciones generales y para lo cual exigirá a los candidatos a cargos de elección popular que publiquen sus datos patrimoniales, sus estados tributarios y datos por conflictos de interés.
Para el coordinador de investigaciones de ASJ, Lester Ramírez, la vinculación del narcotráfico en los partidos políticos hondureños afecta más significativamente a los candidatos a cargo de elección popular, que deben hacer frente al sostenimiento transparente de sus campañas.
“Creo que afecta más de lo que los políticos quisieran que afectara, vemos que ahora mismo que terminaron las elecciones primarias, que está ese sabor que lo que interesó fue el proceso electoral. Han sido muy sutiles los candidatos en contienda en dirigir el tema a un fraude, a que candidatura tuvo la mayor cantidad de votos, pero hay un elefante en la habitación y es el financiamiento ilegal de las campañas”, dijo Ramírez.
Agregó que “es un tema que no ha sido solventado y parece que no se quisiera solventar, eso va (a) ser un gran problema porque estamos viendo las consecuencias, porque los tentáculos del crimen organizado llegaron a los niveles más altos de Honduras, influían sobre que avionetas aterrizaban y a qué horas, pero también influían en decisiones públicas que nos afectaba a todos. Es decir, los asesinatos, la violencia, todo está vinculado a esa filtración del crimen organizado a la política”, apuntó el jefe de la Unidad de Investigación de la ASJ, una reputada organización de la sociedad civil.
ASJ, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Programa Impactos realizarán este miércoles un foro que tiene como objetivo analizar la temática de la transparencia en los procesos electorales en el marco de la “ley de política limpia” con la presencia de la especialista en temas de transparencia, lucha contra la corrupción y financiamiento político, la argentina, Delia Ferreira.
“Este foro es un ingrediente más de lo que se va dar, pero lo que queremos desarrollar como ciudadanía organizada, es un proyecto que acuerpe a la población, lo llamamos Vote por la paz y queremos que la ciudadanía se informe y podamos depurar a esos narcopolíticos que se financian con dinero sucio”, detalló Ramírez.
Añadió que “esos políticos están en todos los partidos, han sido infiltrados y la ciudadanía hondureña merece más respeto”.
La “ley de política limpia” es un mecanismo para evitar que personas que tienen vínculos con crimen organizado accedan al poder público, calificó en su momento el fiscal general hondureño, Oscar Chinchilla.
Para el coordinador de investigaciones de ASJ, el crimen organizado es el principal financiador y detonante de la corrupción en Honduras. Analiza que ese es un problema no solo en el país, sino regional, donde la clase política en su afán de establecer una campaña mediática no pregunta de dónde viene ese dinero y más adelante se le cobran esos favores con las decisiones públicas que toman.
“Sabemos que hay candidatos y movimientos, que reciben financiamiento, no solo del crimen organizado, sino de la corrupción, esto tiene que parar porque es antidemocrático y genera violencia, homicidio, desigualdad y falta de oportunidades”, expresó Ramírez.
Aseguró que “el político es capturado por los intereses del crimen organizado y de la corrupción, al final lo que terminan haciendo son decisiones que beneficien a estas organizaciones en materia de impunidad, aplicación de leyes y promoción de nuevas leyes, son todos los partidos que están registrados, ya hay indicios y evidencias de que hay dinero sucio del narcotráfico, del crimen organizado y la corrupción financiando campañas”.
Los ciudadanos tienen que abrir los ojos
Para Lester Ramírez, es tiempo que el electorado hondureño abra los ojos y que no solo debe identificarse por su corazón. Dice que el votante debe ver que hay un problema estructural en esto y que se está dando en todos los partidos políticos. “La evidencia es clara, hemos visto como en las últimas semanas se ha puesto en la opinión pública lo que sucedió con Los Cachiros, no hablamos de suposiciones, sino de hechos”, declaró.
ASJ lanzará un proyecto para motivar a todos los candidatos que declaren tres cosas: Que publiquen sus datos patrimoniales, sus estados tributarios y conflictos de interés.
“Con esto podemos conocer las personas que están infiltradas y las que están a la altura de unas elecciones. Nosotros conocemos movimientos, candidatos, que están recibiendo financiamiento del crimen organizado”, reiteró.
Para Lester Ramírez la red de crimen organizado internacional debe ser enfrentada con una ley de política limpia a la que “debe ponérsele el acelerador”.
Votar informado
La especialista en temas de transparencia, lucha contra la corrupción y financiamiento político, la argentina, Delia Ferreira, dice que la idea es averiguar quiénes financian las campañas políticas. Ella detalla que la idea no es perseguir a nadie.
“Solo queremos saber que tan creíbles son los discursos, cuales son los compromisos que los candidatos asumen y de esa manera podemos votar con bastante información para poder exigir los compromisos de campañas”, dijo Ferreira, quién será la invitada de honor en el foro de política limpia que se desarrolla el miércoles en la Alma Máter.
La experta lamentó que en el proceso electoral interno no se estrenara la “ley de política limpia”. “Pero hay tiempo para realizarlo en la generales, espero que pongan en marcha los mecanismos y las obligaciones de reportes que la ley establece para que la ciudadanía sepa más, tenemos que saber quiénes están detrás de los candidatos”, advirtió.
La experta argentina tiene claro que todo acto de actividad política ilícita perjudica la confianza de los ciudadanos, en ese sentido considera que no se perjudica solo al que participó, sino a toda la dirigencia política del país.
“Debe haber un compromiso de la política, de los dirigentes y partidos para no incluir candidatos que tengan financiamiento de fuentes dudosas o criminales”, manifestó.
Excluirlos de las generales
Por otra parte, el miembro de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Omar Rivera, cree que es importante que los ciudadanos comprendan que independientemente si alguien fue electo en las elecciones primarias utilizando fondos del narcotráfico, crimen organizado y corrupción, debe ser excluido de las planillas para las elecciones generales.
“Si algo va a golpear la legitimidad del próximo proceso electoral es que esas manzanas podridas continúen teniendo un rol protagónico en el quehacer político electoral”, dijo Rivera.
Agregó que “la reflexión que queremos realizar es para que se rechace la política sucia y al político sucio. La política sucia tiene un rostro y son aquellos que recibiendo la confianza de la ciudadanía utilizaron recursos ilícitos para tener un éxito electoral”.
El Congreso Nacional aprobó el 20 de octubre de 2016 Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos, para evitar que el dinero sucio proveniente de la corrupción y el crimen organizado ingrese a las campañas electorales y a las organizaciones políticas en todos los niveles electivos.
La “ley de política limpia” fue impulsada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una instancia que funciona bajo el mandato de la Organización de Estados Americanos (OEA), tras la firma de un convenio con el gobierno hondureño.
Previamente, el presidente Juan Orlando Hernández también había enviado al Congreso Nacional una iniciativa de ley que regulara el financiamiento de las campañas electorales, a fin de evitar que el dinero sucio ingresará a los partidos políticos y sus candidatos a cargos de elección popular.
Al retornar a sesiones, tras el proceso interno, una de las tareas urgentes de los legisladores es la de seleccionar a los tres representantes que estarán a cargo de un órgano que supervisará el cumplimiento de la ley de política limpia y para ello la escogencia debe reunir la idoneidad que les legitime a fin de asegurar el blindaje de las próximas elecciones generales hondureñas de noviembre próximo.
