Tegucigalpa – La decisión de los gobiernos de Costa Rica y Honduras, de exigir visa a sus ciudadanos para ir de un país a otro, ha evidenciado de nuevo la debilidad del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) surgido en 1991, en sustitución de lo que fue la Organización de Estados Centroamericanos (Odeca).
El SICA, que fue suscrito el 13 de diciembre de 1991 en Tegucigalpa, pasó a ser un nuevo esquema político e institución para la integración centroamericana, que hizo a un lado a la Odeca, surgida el 14 de octubre de 1951.
Pero el nuevo ente regional, de los muchos creados en más de 30 intentos de la integración de Centroamérica, que en el decenio de los 60 del siglo pasado fue un ejemplo para Europa, no termina de consolidar la unidad los siete países del istmo que lo integran: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Las diferencias que marcan a los siete países se ven reflejadas, a manera de ejemplo, en instituciones como el Parlamento Centroamericano (Parlacen), una iniciativa del expresidente de Guatemala Vinicio Cerezo, al que nunca se integró Costa Rica, y una Corte Centroamericana de Justicia, que solo integran El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Para muchos centroamericanos el Parlacen es un «elefante blanco» en la región al que van a dar, como diputados, los presidentes de sus países miembros al terminar su mandato, y diputados de los parlamentos locales que ya van de salida.
Otro ejemplo de la falta de unidad política de Centroamérica, en este caso en materia migratoria, es el mecanismo CA-4, del que solo forman parte El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que le permite a los ciudadanos de los cuatros países desplazarse de uno al otro, sin necesidad de usar pasaporte. Les basta su documento de identificación personal para hacerlo.
También se ven reflejadas las diferencias en el SICA, cuya creación fue para asegurar el bienestar de la población de sus países miembros y la dignidad humana, en la poca asistencia de sus mandatarios en las últimas cumbres regionales.
El SICA debería convocar para temas de las visas
Lo último que ha alterado el proceso de la integración centroamericana es el anuncio de Costa Rica, del pasado día 6, de exigirle visa consular a los hondureños por razones de «seguridad nacional», aduciendo que recientemente ha identificado bandas de sicarios y grupos criminales integrados por hondureños.
La respuesta de Honduras no se hizo esperar y le aplicó la misma medida a los costarricenses.
El analista hondureño Omar García dijo a EFE que lo que sucede ahora entre Costa Rica y Honduras «es un motivo para convocar por parte del SICA y hablar acerca del tema, si es que realmente queremos darle la vida institucional que corresponde» a ese ente.
Organismos como el SICA «de una u otra manera son deliberantes y deberían aspirar a ser resolutivos, pero ni siquiera se quieren debatir los temas como el actual, entonces no hay razón para la existencia de estas instituciones», enfatizó García.
En su opinión, el tema puede tener una salida «dependiendo de qué tan asustados estén los presidentes», Rodrigo Chaves, de Costa Rica, y Xiomara Castro, de Honduras, quien en enero de 2024 asumirá por seis meses la presidencia pro témpore del SICA.
El canciller hondureño, Enrique Eduardo Reina, de nuevo se refirió este jueves al tema y señaló que su país está interesado en resolver pronto el problema con Costa Rica, y que Xiomara Castro está dispuesta a enviar a sus ministros de Seguridad y Defensa a San José para intercambiar información de inteligencia para combatir a los grupos criminales en el vecino país.
Una política cerntroamericana para combatir el crimen
Reina abogó porque Costa Rica suspenda lo antes posible la medida de exigirle visa consular a los hondureños, y afirmó que Tegucigalpa haría lo mismo de inmediato.
García considera que ante lo denunciado por Costa Rica, de que bandas criminales con la participan de hondureños han sido detectadas en su territorio, los siete países del istmo deberían de conformar una policía centroamericana para enfrentar esos grupos que son catalogados como «amenazas transnacionales que tienen capacidad de operar en varios países».
El analista también es de la opinión de que no es exigiendo visas consultares que se resolverá la criminalidad en la región centroamericana, que ha vivido los últimos 50 años entre conflictos armados internos en países como El Salvador, Guatemala y Nicaragua, la pobreza, el desempleo, la violencia criminal, violaciones a los derechos humanos, la corrupción y la inestabilidad democrática, entre otros males. EFE
(vc)
