Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Una veeduría internacional ha propuesto tres requisitos mínimos para elegir la próxima Corte Suprema de Justicia, cuya elección entra a la fase final en medio de un Congreso polarizado que tiene el desafío de evidenciar que se diferencia de procesos anteriores.
La Junta Nominadora ha concluido la primera etapa del proceso al recibir 185 postulaciones para la selección de al menos una nómina de 45 aspirantes que serán enviados al Congreso Nacional para que éste escoja a los 15 magistrados del próximo supremo que deberá estar electo en enero de 2023.
De las 185 postulaciones, la Junta Nominadora ha excluido 10 de ellos por no reunir los requisitos, y otro, por ser una nominación póstuma en vista del fallecimiento de uno de los abogados notarios que tenía el sueño de ser parte del listado a la nueva corte de justicia.
También en el camino se han quedado otros por no acudir a practicarse las pruebas de confianza que se realizaron esta semana.
Los nominadores han indicado luego la etapa de revisión, subsanación de documentación y la realización de las pruebas psicométricas y toxicológicas, como parte del cronograma de trabajo que han diseñado, entra así a la otra fase de los filtros para proceder a la selección de los nominados.
La elección de la próxima Corte Suprema de Justicia es uno de los procesos más trascendentales para la historia democrática del país y su institucionalidad, ante los niveles de desconfianza hacia este poder del Estado, según sondeos de opinión e investigaciones académicas. La elección de la corte de justicia, no es algo tecnocrático que atañe a los juristas, está relacionada con la dirección de todo un sistema de justicia de una nación, garantizar la seguridad ciudadana y jurídica en naciones como Honduras, permeada por la corrupción y las estructuras criminales, en especial el narcotráfico.
En este sentido, el proceso de selección y elección del nuevo Poder Judicial, ha sido uno de los más vigilados desde la ciudadanía y organizaciones de sociedad civil, así como de la comunidad internacional. Las veedurías sociales hechas hasta ahora, destacan los buenos avances realizados por la Junta Nominadora, pero insisten que debe respetarse el factor de la meritocracia.
El mensaje a los diputados
Advierten que de nada sirve si la Junta Nominadora manda una nómina de 45 encabezada por los que más se han destacado, sí el Congreso Nacional, al final, escoge no los postulantes mejor calificados, sino los más bajos que responden a intereses partidarios. Las organizaciones de sociedad civil dicen que el Congreso Nacional deberá respetar los mejores 15 puntajes que envíe la nominadora, porque ahí está concentrado los que tienen mayor meritocracia; pero son conscientes que en el Parlamento la negociación es política y ello da paso a las prácticas de opacidad que se busca revertir en este proceso.
Una misión de veeduría internacional efectuada por destacados expertos del área latinoamericana, entre ellos José Carlos Ugaz, destacado procurador peruano versado en temas anticorrupción, plasmó en su primera de tres visitas al país, al menos tres requisitos mínimos a ser considerados al momento de elegir la próxima corte de justicia. Algunas fueron para el Parlamento hondureño, quien tendrá finalmente la potestad de elegir.
Una de las exhortaciones es que aquellos diputados que se encuentren señalados o investigados sobre presuntos ilícitos se abstengan de elegir a la próxima corte de justicia, por enfrentar, de entrada, conflictos de interés. Existen en el Congreso algunos parlamentarios que han sido investigados por la extinta MACCIH y el Ministerio Público, en tanto otros están siendo investigados y más de alguno con sentencias condenatorias firmes. Y otros, señalados por Estados Unidos en la Lista Engel.
Esos parlamentarios, según el exprocurador peruano, Jorge Ugaz, éticamente podrían decidir hacerse a un lado en la elección para garantizar que la próxima corte de justicia sea garante de independencia y transparencia al momento de su elección.
La segunda recomendación mínima es respetar la meritocracia y trayectoria de los postulantes que vayan en la nómina de 45 para cerrar el paso a las componendas políticas, a las presiones de los diversos grupos de poder interesados en controlar el Poder Judicial. Esos postulantes mejor calificados no solo serán destacados por su meritocracia, también por su integridad y honestidad, respondiendo así a los estándares internacionales en materia de independencia judicial.
Y un tercer apunte mínimo, es promover un pacto político al interior del Congreso para que se respeten ciertas reglas básicas que den continuidad al proceso meritocrático de la junta nominadora, con reglas para que haya un respeto mínimo a los puntajes de los seleccionados. Se debe conocer qué puntaje puso cada nominador a los seleccionados, para achicar así el camino de la discrecionalidad con que se han venido eligiendo las cortes de justicia en el país.
Transparencia y más transparencia
Y si los congresistas no respetan la nómina de los mejores calificados, que su voto al momento de elegir sea razonado, se haga público a fin de conocer porque valora uno sobre el otro. Eso es un ejercicio de transparencia, señala la misión de veeduría internacional, coordinada por la ASJ como el capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, la oenegé a nivel mundial más reputada en la lucha contra la corrupción.
Los veedores señalan que además de la meritocracia, la integridad de quienes conformarán la próxima corte es fundamental, porque una persona con antecedentes de violencia familiar, aun cuando esté condenado en primera instancia, o tenga causa abierta, no puede ser magistrado, porque la presunción de inocencia no ha sido creada para proteger este tipo de hechos, pues lo que está eligiendo es un poder del Estado que se encargará de aplicar la justicia con igualdad y equidad.
Los expertos internacionales que acompañaron esta misión de veeduría internacional estuvo integrada, además de Ugaz, por Eric Van Vugt (Estados Unidos), Evelyn Villarreal (Costa Rica), Jaime Chávez Alor (México), y Paulina Aguirre (Ecuador). Ellos se reunieron con actores de interés, incluyendo la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados a la CSJ, diputadas y diputados del Congreso Nacional, miembros de sociedad civil, academia, sector privado y medios de comunicación.
En sus primeros hallazgos y recomendaciones, la misión de veedores internacionales destacó los encomiables esfuerzos realizados por la Junta Nominadora y sus criterios de evaluación y selección, los cuales, aseguran, “contrastan con una amplia discrecionalidad del Congreso de la República una vez que reciba la relación de los nominados”.
Asimismo, añadieron que “esta falta de transparencia y reglas claras confabula contra la neutralidad del proceso y su limpieza, por lo que recomendamos al Congreso que establezca un mínimo de reglas que determinen previsiblemente cómo se va a llevar el proceso en ese poder del Estado”.
Por ahora, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y su directiva se han ufanado en indicar que esta elección de la nueva Corte Suprema de Justicia será diferente, descartan negociaciones bajo la mesa o componendas, pero algunos de sus directivos, en especial el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, de mayor influencia en ese Parlamento, ha dicho que ellos tienen derecho a elegir una corte afín al partido en el poder, Libertad y Refundación (Libre) y que van a defender “los candidatos” de Libre.
En el debate se instala la recomendación de la veeduría internacional sobre las tres peticiones mínimas formuladas al Congreso Nacional para elegir la próxima corte de justicia. La interrogante es ¿lo aceptarán los parlamentarios? ¿Bajará la polarización a lo interno? ¿Podrán llegar a acuerdos mínimos de cara a la elección? Las respuestas las tiene el Congreso Nacional. (PD)
