Tegucigalpa – El caso de la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez, conocida en redes sociales como «La Barbie Fiscal» por su ostentoso estilo de vida, va a audiencia el 27 de agosto y analistas predicen que nuevas revelaciones podrían surgir, involucrando a más funcionarios.
Acusada de desviar millones de lempiras de las arcas estatales, este caso expone las grietas en el sistema anticorrupción del país.
Medina, quien laboraba en la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), enfrenta 42 cargos graves, incluyendo lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.
Su detención en noviembre de 2023 marcó el inicio de una investigación que ha revelado un presunto esquema de sustracción de fondos.
Según el Ministerio Público, Medina habría extraído 88.6 millones de lempiras (aproximadamente 3.6 millones de dólares) de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), fondos que servían como evidencia en casos judiciales.
Estos retiros se realizaron entre 2019 y 2023, sin seguir los protocolos legales establecidos.
La investigación surgió a raíz de una solicitud de devolución de 63 mil dólares decomisados, lo que alertó a las autoridades sobre irregularidades en el manejo de evidencias.
Pronto, se descubrió que Medina utilizaba información privilegiada para facilitar estos movimientos.
Entre los delitos imputados se destacan 38 cargos por falsificación de documentos públicos, además de sustracción y ocultación de pruebas.
El MP presentó más de 22 medios de prueba que vinculan directamente a la exfiscal con estas operaciones ilícitas.
El estilo de vida de Medina, exhibido en redes sociales con viajes lujosos, cirugías estéticas y propiedades, levantó sospechas de enriquecimiento ilícito.
Una vivienda en Comayagua fue asegurada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), presuntamente adquirida con fondos desviados.
La captura de Medina ocurrió el 29 de noviembre de 2023 en San Pedro Sula, donde fue presentada por la ATIC.
Al día siguiente, se le impuso prisión preventiva y suspensión de su cargo como fiscal auxiliar.
En diciembre de 2023, el Juzgado Penal dictó auto de formal procesamiento por 41 delitos, ratificando la prisión en el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS) en Támara.
El proceso se mantuvo en secretividad debido a investigaciones en curso.
Poco después, se identificaron siete presuntos partícipes adicionales en el esquema, ampliando la red de implicados.
Entre ellos, destaca la orden de captura contra su pareja, el fiscal German René Silva Lemus, emitida en diciembre de 2023.El caso escaló en febrero de 2025, cuando un Juzgado Penal con Competencia Nacional decretó auto de apertura a juicio oral y público.
El Poder Judicial trasladó la causa al Tribunal de Sentencia especializado en criminalidad organizada y corrupción.
Sin embargo, en noviembre de 2024, la Sala Constitucional admitió un recurso de amparo a favor de Medina, frenando temporalmente el juicio.
Este giro legal generó debates sobre posibles dilaciones en el proceso.
Recientemente, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula admitió formalmente el caso, programando una audiencia preparatoria para el 27 de agosto.
En esta fase, se resolverán incidentes, excepciones y se propondrán pruebas clave.
El portavoz de los juzgados de SPS, Ruy Barahona, confirmó que la situación jurídica de Medina se definirá en esta instancia, manteniendo los cargos originales.
La exfiscal permanece en prisión preventiva mientras avanza el proceso.
Este escándalo no solo cuestiona la integridad del Ministerio Público, sino que resalta la lucha contra la corrupción en Honduras, un país con índices altos de impunidad según organismos internacionales.
Voces críticas señalan que el caso de Medina es emblemático de cómo funcionarios abusan de posiciones de poder para beneficio personal.
Organizaciones como la Asociación por una Sociedad más Justa han urgido por transparencia en el juicio, temiendo que recursos legales dilaten la justicia.
A medida que se acerca la audiencia del 27 de agosto, analistas predicen que nuevas revelaciones podrían surgir, involucrando a más funcionarios del BCH y el MP.
El futuro de Francia Sofía Medina pende de un hilo judicial, pero su caso ya ha dejado una lección: la vigilancia ciudadana es clave para combatir la corrupción endémica. (RO)
