Estos disidentes quieren que se les reconozca su condición de refugiados para que quede patente que estuvieron en prisión por motivos políticos y que fueron deportados por el Gobierno de Cuba, informó a Efe su abogado, Fernando Vizcaíno.
Este estatus debe ser concedido o denegado en un plazo máximo de seis meses por la Oficina de Asilo y Refugio, en la que participan los ministerios españoles de Interior, Exteriores y Justicia.
Este grupo, integrado por seis disidentes y una veintena de familiares, pedirá amparo al Defensor del Pueblo para que se tome una decisión de forma urgente.
Según Vizcaíno, «el Gobierno, extraoficialmente, les ha dicho que no se lo van a reconocer (el asilo)» para evitar problemas con las autoridades cubanas.
En este caso -añadió- los disidentes presentarían un recurso contencioso-administrativo para que sean los tribunales los que resuelvan su petición.
El abogado plantea además la posibilidad de acudir a organismos internacionales, como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), para respaldar la postura de los exiliados cubanos.
Este grupo también reclama quedarse en Madrid y no ser trasladado a otras ciudades españolas, después de que la Cruz Roja apuntara que no hay plazas vacantes en los centros de acogida que tiene en la capital.
Con este fin, este grupo de disidentes expatriados ha enviado un escrito al Ministerio del Interior en el que alega motivos de salud para permanecer en Madrid, debido a que algunos tienen enfermedades derivadas de sus siete años en la cárcel.
Según el letrado, la Constitución española ampara su derecho a residir en el lugar que elijan libremente.
Entre estos disidentes están Ricardo González, Mijail Bárzaga, Normando Hernández y Julio César Gálvez.
Algunos de los siete excarcelados que permanecen en Madrid tramitan los documentos necesarios para poder viajar a Estados Unidos con sus familias.
La otra mitad de los veinte ex presos políticos que llegaron a España desde el 13 de julio han sido distribuidos por centros y viviendas de acogida de Málaga, Alicante, Cullera (Valencia), Gijón (Asturias), Jerez de la Frontera (Cádiz) y Sigüenza (Guadalajara), y uno se fue a Chile.
Frente a la opción del refugio político, la alternativa que el Gobierno ha ofrecido es la de la protección internacional asistida, una modalidad de asilo que permite el regreso a Cuba con permiso del régimen castrista.
Esta figura es por la que se inclina una decena de excarcelados y sus familiares, que suman unas 60 personas.
Ambas figuras de protección jurídica permitirían a los disidentes tener permiso de trabajo.
Para los próximos días se espera la llegada a España de más opositores cubanos del grupo de 52 presos políticos que las autoridades de la isla se han comprometido a excarcelar antes de que acabe octubre.
Todos ellos son integrantes del llamado «Grupo de los 75», que fueron condenados a prisión en 2003 a raíz de la ola represiva en la llamada «Primavera negra» acusados de atentar contra los principios de la revolución.
