En un campo pagado publicado hoy en el diario local El Periódico, la exesposa del presidente Álvaro Colom, quien hoy entrega el poder al general retirado Otto Pérez Molina, sostiene que el arraigo en su contra responde a presiones políticas.
«El día 12 de enero de manera sorpresiva el Ministerio Público (Fiscalía) solicitó orden de arraigo en mi contra, a pesar que en más de un año de investigaciones no han encontrado ningún indicio que fundamente tal solicitud», señala la ex primera dama.
Según Torres, «se hace evidente que esta es una acción que responde a presiones y es el inicio de la anunciada persecución política que quieren desatar en contra de mi persona».
«Existen fuerzas políticas que durante más de tres años atacaron mi trabajo por los más pobres, les molestó el apoyo a los primeros programas sociales en Guatemala», sostiene sin identificarlas.
La querella penal en contra de Torres, por supuestas anomalías en el manejo de fondos del programa de Cohesión Social, fue presentada en abril de 2010 por la diputada del Partido Patriota (PP), Roxana Baldetti, quien hoy asume la Vicepresidencia de Guatemala.
A través de este proyecto destinado a beneficiar a las familias pobres de este país centroamericano, Cohesión Social manejó grandes cantidades de dinero del presupuesto del Estado y pese a las constantes citaciones de Baldetti, Torres no llegó a dar explicaciones al Congreso.
Torres expresa que en una evidente campaña de distracción de la opinión pública inician una persecución política en su contra.
«Es importante recalcar que durante todos estos años de denuncia nunca presentaron ninguna prueba de sus acusaciones pues nunca se cometió ninguna irregularidad. Lo que se hizo fue simplemente ayudar a los que nunca se ha ayudado», afirma.
«Se pasaron más de 3 años investigándome y hoy me persiguen políticamente y se dicta una orden de arraigo», enfatizó y reiteró: «me siento perseguida y acosada políticamente y lo hago público y los responsabilizo de mi seguridad y de mi familia».
La jueza del Tribunal Cuarto de Primera Instancia Penal, Jisle Reynoso, dijo que ordenó el arraigo en contra de Torres a petición de la Fiscalía por temor a que huya de Guatemala una vez Colom entregue la Presidencia.
Reynoso ha dado un plazo de tres meses a la Fiscalía para que concluya la investigación sobre la denuncia de Baldetti.
La ex primera dama es señalada de los delitos de usurpación de funciones y violación a la Constitución, y también de incumplimiento de deberes y desobediencia.
