La amnistía se le otorgó en el caso de abuso de autoridad vinculado a la partida de 27 millones de lempiras utilizada para la publicidad de la cuarta urna.
El tribunal denegó la amnistía solicitada por la ex funcionaria para la acusación por el supuesto delito de fraude en el mismo caso, razón por la cual el juicio sigue abierto.
Antes de acogerse a la amnistía solicitó nulidad absoluta del juicio, pero el juez consideró la petición sin lugar.
Las otras causas judiciales incoadas contra ella, siguen abiertas.
La fiscalía apelará la amnistía y la defensa de Santos luchará porque el decreto la abarque también por el presunto delito de fraude.
Santos presentó la petición, a través de su apoderada legal la ex ministra del Trabajo Mayra Mejía, días después de que el juez Mario Ríos la libró de culpas en la causa que le abrió el Ministerio Público por los delitos de abuso de autoridad y fraude en el arrendamiento millonario de un edificio para las oficinas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Por este caso, fue acusada la ex gerente de la ENEE, Rixi Moncada, por aprobar el millonario contrato sin ponerlo a licitación.
También fueron acusado el ex ministro de Defensa, Arístides Mejía, por haber avalado la transacción cuando fungió como presidente de la Junta Interventora de la ENEE.
Los tribunales de justicia los sobreseyeron a todos los acusados de las acciones incoadas en su contra, tras presentarse a los tribunales después de permanecer prófugos de la justicia por varios meses.
Abogados explicaron que al invocar la amnistía, la ex ministra busca evadir la justicia en otras causas incoadas en su contra que tienen relación con el proyecto de la cuarta urna que promovía el entonces presidente Manuel Zelaya, con el propósito de abrir el camino para instalar una asamblea nacional constituyente que elaboraría una nueva constitución, al margen de la ley, según un tribunal de justicia..
Una de las causas está relacionada con la sacada en carretillas de 40 millones de lempiras desde las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), para pagos de publicidad de la encuesta política que promovía Zelaya.
Por esta misma causa están acusados el propio ex presidente Manuel Zelaya, el entonces ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, y el jefe del Staff Presidencial, Jacobo Lagos.%26nbsp;
El 27 de enero, tras jurar como presidente de la República, Porfirio Lobo, sancionó la Ley de Amnistía General, en el marco del cumplimiento de los Acuerdos Tegucigalpa/San José del 30 de octubre, que sentó las bases del camino de la reconciliación nacional tras la crisis política desatada en junio de 2009, cuando el entonces presidente Zelaya fue destituido por promover una asamblea nacional constituyente que había sido declarada ilegal por varias instituciones legales del Estado.
En ese mismo acto, Lobo dejó claramente establecido que la amnistía se refiere únicamente a los hechos de orden político, aunque el fin de semana expuso que también era aplicable a los políticos conexos.
En ese entonces, los diputados que aprobaron el decreto explicaron a la prensa que la amnistía política beneficia a quienes estén acusados de delitos políticos como traición a la patria, delitos contra la forma de gobierno, terrorismo y sedición, más varios delitos comunes conexos, y que excluye los delitos de corrupción, de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos.
