Ex funcionarios del INA habrían incurrido en responsabilidad penal, según TSC

Tegucigalpa- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), entregó en las últimas horas al Ministerio Público, el informe de la auditoría realizada al Instituto Nacional Agrario (INA), relacionado con la entrega de terrenos, la que presenta indicios de responsabilidad penal.
 

El ente contralor constató que las autoridades del INA, incurrieron en responsabilidad penal por la repartición de propiedades del Estado a ex funcionarios y empleados de la institución.

En la resolución del informe del TSC, se destaca que el ex director del INA, Félix Neptalí Medina autorizó adjudicar de forma gratuita y mediante el respectivo título definitivo de propiedad en dominio pleno a 287 beneficiarios, incluidos ex funcionarios, empleados sindicalistas y hasta personas que no han trabajado en la institución.

En ese sentido, la secretaria general del TSC, Alva Rivera, dijo que la denuncia de los títulos de propiedad del INA, fue tomada de oficio, y se comprobó que las acciones que hicieron los funcionarios fueron irregulares.

La entrega de títulos tiene indicios de responsabilidad penal porque no reunió ningún requisito, y hubo abuso de autoridad, ahora corresponde al Ministerio Público, seguir el proceso y determinar qué es lo que procede legalmente, señaló.

“Corresponde al Ministerio Público determinar todo el procedimiento y las irregularidades que pudieran identificarse en este hecho, en algunos casos no se dieron los terrenos, pero existió la intensión y eso constituye una irregularidad que de acuerdo a las investigaciones linda con un procedimiento penal”, argumentó.

Sostuvo que el TSC constató en el Instituto de la Propiedad, que algunos beneficiados no reportaron el terreno, o no se dieron cuenta que les fueron otorgados, o porque no presentabanla documentación correspondiente.

La adjudicación obedece a lo descrito en el contrato colectivo que establece que “el INA continuará la política de favorecer a sus trabajadores para que adquieran su propia vivienda”. No obstante, el Tribunal Superior de Cuentas determinó al término de sus investigaciones que los predios fueron adjudicados a personas que ya no laboraban en la institución.

En esta lista elaborada por el TSC figuen, el ex director del INA, César Ham, Priscila Alvarado, Walter Juárez, Marcos Ramiro Lobo, Mauricio Aguilar Silva, Ezequías Doblado, Mario Alberto Hernández y José Gerardo Barahona. Asimismo, se encontró que también fueron beneficiadas otras dos personas que no han laborado en el INA. Ellos son: Jesús Antonio Ferrera y Jorge Alberto Medina.

Se confirmó que la mayoría de las personas descritas presentaron ante el INA la renuncia a la adjudicación del lote con que habían sido favorecidas. En esta situación se encuentran: César Ham, Walter Juárez, Marcos Ramiro Lobo, Mauricio Aguilar, Ezequías Doblado, Mario Alberto Hernández, José Barahona, Jesús Ferrera y Jorge Alberto Medina. El TSC constató que el 21 y el 25 de febrero de 2014 el Registro de la Propiedad emitió un auto denegatorio sobre la inscripción de esos títulos.

Lo anterior se fundamenta en que el INA no puede otorgar títulos en dominio pleno a empleadosbasándose en la Ley de Reforma Agraria de un terreno rural. Adicionalmente, se establece que la lotificación, la urbanización o zonificación de inmuebles de uso públicos, como parques, calles, avenidas, puentes, riberas, playas litorales, áreas protegidas, obras de servicio, bienes fiscales o bienes destinados a áreas verdes, que constituyen título de propiedad a favor del Estado o del municipio.

Por lo tanto, son bienes de uso público y constituyen título de propiedad a favor del Estado, por lo que no se puede desmembrar para desarrollar ninguna repartición individual o para otros fines diferentes de los indicados.

Por su parte,el presidente del sindicato del INA, Ramón Bulnes, dijo que satisface en parte la investigación del Tribunal Superior de Cuentas, porque además de responsabilidad penal también tienen responsabilidad civil, porque los terrenos pertenecían al Sitraina, y ellos en una acción dolosa incurrieron en el delito de adjudicárselos.

Es una lista de 278 personas, hay personas del sindicato, pero ellos alegan que no fueron notificados de la entrega del título y nunca presentaron solicitud del mismo, señaló.

“Esperamos que el Ministerio Público deduzca responsabilidades a los verdaderos responsables de este ilícito”, indicó Rivera.

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