“Últimamente se han detectado de 2 a 3 extorsiones diarias, las que se han mandado a la Fiscalía, la sorpresa es que sólo dos capturas pertenecen a miembros de maras, los demás son personas comunes y corrientes, jóvenes, mujeres y estudiantes que analizan la situación del vecino para extorsionarlos”, indicó Martínez.
Añadió que esas personas son motivadas a cometer el delito de la extorsión por la facilidad que representa obtener dinero mediante esa práctica.
Detalló que también en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) hay estudiantes que han sido sorprendidos extorsionando al pedir dinero a los conductores de vehículos por permitirles el paso.
En ese sentido, el oficial de la Policía, hizo un llamado a los padres de familia para que observen el comportamiento de sus hijos y aconsejarlos que ese tipo de prácticas sólo les puede traer perjuicios.
Martínez expresó que la situación es preocupante porque cada día más jóvenes, incluso señoritas, se están dedicando a la extorción y generalmente lo hacen con sus vecinos.
Aseveró que varios jóvenes que han sido capturados por cometer ese delito, no tienen antecedentes penales ni pertenecen a una mara o pandilla, sino que son personas que buscan el dinero fácil.
El uniformado anunció que esta semana se realizarán una serie de allanamientos mediante “madrugones” en viviendas que ya se tienen identificadas en donde hay personas que se dedican a cobrar el impuesto de guerra y a cometer extorsiones, principalmente en la ciudad de Comayagüela.
Panorama no cambia a pesar que penas a la extorsión son más fuertes
El pasado 28 de febrero, el Congreso Nacional aprobó en un solo debate la reforma al artículo 222 del Código Penal, que eleva las sanciones a la extorsión (impuesto de guerra) y el chantaje, además que castiga con cadena perpetua si en el desarrollo de la acción delictiva la víctima o un familiar es asesinado.
Además, sanciona la extorsión con penas de reclusión de quince a veinte años y una multa de cincuenta salarios mínimos, especificando que “comete el delito de extorsión quien, mediante amenazas, intimidación o violencia, y con el fin de obtener para si o para la organización delictiva que integre, dinero o bienes, obligare a hacer o dejar de hacer alguna”.
Sobre el chantaje, y tras la reforma, el artículo 222 dice: “comete el delito de chantaje e incurrirá en la pena de reclusión de seis a doce años quien con amenazas de imputaciones contra el honor o el prestigio o de violación o divulgaciones de secretos con perjuicio en uno o en otro caso para el ofendido, su familia o la entidad en cuyas gestión intervenga o tenga interés, exigiere la entrega de una cantidad de dinero u otros bienes”.
