Tegucigalpa – El gerente de Estrategia y Desarrollo y analista político Héctor Soto, expuso que Koriun Inversiones operó como un esquema Ponzi o “Pirámide”, afectando a más de 35,000 hondureños, en su mayoría trabajadores, que hoy enfrentan la pérdida total de sus ahorros.
– En este caso “se requiere asistencia legal, no clientelismo político”, enfatiza el analista.
Esta estafa masiva, que inicialmente se focalizaba en el departamento de Cortés, ya está generando una convulsión social con riesgo de expandirse a la zona sur, occidente y otros puntos del país.
Según Soto, la empresa que prometía altos rendimientos sin respaldo legal ni inversiones reales, apelando a la confianza comunitaria y la desesperación económica de miles de familias, ahora su colapso ha detonado un creciente clima de tensión social, desconfianza institucional y una peligrosa polarización política.
Amenazas generadas por el caso Koriun
El caso ha puesto al descubierto graves fallas en la supervisión financiera del Estado y ha dejado una serie de amenazas clave para la estabilidad del país, entre ellas: Desestabilización social por el empobrecimiento masivo de miles de familias, pérdida de confianza en el sistema financiero y los entes reguladores estatales, protestas sociales y tensiones territoriales que van en aumento.
Uso político electoral del caso, agudiza la polarización
En el campo político la presión ciudadana por compensaciones estatales eleva el riesgo de decisiones improvisadas, una posible proliferación de esquemas piramidales, debido a la falta de reformas regulatorias.
Además, es un impacto negativo en la reputación financiera internacional de Honduras.
Soto advierte que el uso político del caso es un riesgo real, ya que algunos sectores del Congreso estarían intentando instrumentalizar la crisis con fines electorales, promoviendo medidas que podrían comprometer la estabilidad fiscal del país. “Estamos ante una amenaza estructural, no solo financiera”, alertó.
Asimismo, la respuesta gubernamental ha sido percibida como lenta, discrecional y parcial, lo que ha generado signos de radicalización ciudadana, sobre todo en municipios como Choloma, donde las protestas podrían escalar si no se ofrece una salida justa y transparente.
El analista enfatizó que cualquier apoyo estatal debe ser legal, sostenible y transparente, evitando crear precedentes donde el Estado termina asumiendo las pérdidas de fraudes privados. También urgió al gobierno a buscar cooperación internacional para fortalecer los sistemas de supervisión financiera y construir mecanismos legítimos de reparación.
Finalmente, Héctor Soto advirtió que, si no se toman acciones contundentes e institucionales, este caso sentará un precedente devastador: que en Honduras los fraudes se pagan con fondos públicos, mientras los beneficios de esquemas ilegales quedan impunes en manos privadas. “El Estado tiene la oportunidad de romper con una historia de impunidad o repetirla”, concluyó Soto. LB
