San José – Estados Unidos revocó las visas a las diputadas costarricenses Johana Obando y Cynthia Córdoba, quienes en meses recientes criticaron la decisión del Gobierno de Costa Rica de impedir que empresas chinas participen en los concursos públicos para el desarrollo de redes de telecomunicaciones de quinta generación (5G).
El Partido Liberal Progresista (PLP), al cual pertenecen las legisladoras, indicó este jueves en un comunicado que se solidariza con las diputadas y que respeta la revocatoria de las visas, ya que EE.UU. «toma sus propias decisiones políticas, diplomáticas y administrativas».
En los últimos meses las dos diputadas han criticado la decisión del Gobierno de Costa Rica de impedir que empresas chinas participen en concursos públicos de redes 5G.
Las legisladoras confirmaron a los medios locales que recibieron un correo en el que les comunicaron la revocatoria de sus visas, por razones que no han sido explicadas.
«Como liberales somos respetuosos de la diversidad de opiniones. La diputada Obando ha hecho una defensa pública y transparente de un criterio técnico», expresó el PLP, que además enfatizó que como partido defiende «la libertad de expresión, la libertad de disentir y la libertad de pensamiento de cualquier ciudadano costarricense».
El Gobierno de Costa Rica, presidido por Rodrigo Chaves, ha señalado en numerosas ocasiones a varios diputados, incluyendo a las dos del PLP, de reunirse con representantes de la empresa china Huawei y de llevar adelante acciones en favor de la compañía.
El pasado 4 de febrero, durante una visita a Costa Rica, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, advirtió que su país podía sancionar a funcionarios costarricenses que colaboraran con actores extranjeros que representen una amenaza para la ciberseguridad estadounidense.
Al día siguiente, Chaves celebró que su Gobierno ha «tomado decisiones patrióticas como alinearnos con nuestro principal aliado y socio económico».
La polémica por 5G
Desde 2023, el Gobierno de Chaves firmó un decreto en el que establece que para participar en los contratos para redes y equipos de 5G, los países de origen de las empresas interesadas deben ser signatarios del Convenio de Budapest sobre la lucha contra la ciberdelincuencia.
China, país sede de la empresa Huawei, no es signatario de ese instrumento, y por lo cual la compañía con amplia presencia en el país centroamericano ha quedado fuera de los concursos públicos.
Huawei ha intentado frenar la aplicación del decreto mediante recursos legales, alguno de los cuales están en curso.
El Gobierno ha defendido que el decreto tiene como fin la protección de los datos y la información de las empresas y las personas, y además ha cuestionado la transparencia de China, incluso ha dicho que en ese país el Gobierno puede ordenar a una compañía privada que le pase los datos de todos sus usuarios.
Esto ha provocado roces con la embajada de China en los últimos meses, cuyos representantes han negado cualquier tipo de amenaza a la ciberseguridad y a los datos por parte del Gobierno asiático. EFE
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