Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – En los últimos tres meses, Honduras ha sido el centro de interés de misiones internacionales humanitarias interesadas en saber el rumbo del país en esta materia, y en ambas, ha existido un denominador común de preocupación en cuanto a violaciones humanitarias y se relaciona con el estado de excepción parcial decretado por el gobierno, para contener el delito de extorsión y criminalidad que asola la mayor parte del país. Los resultados, por ahora, no son los esperados y la violencia e inseguridad siguen su ola alcista en un claro reto a la autoridad.
El más reciente informe del relator especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales Morris Tidball-Binz, fue contundente en expresar su preocupación por la vigencia del estado de excepción por considerar que bajo esta figura se han registrado casos de uso excesivo de la fuerza. El relator expresó también su extrañeza por el despliegue de la Policía Militar de Orden Público en estas acciones, cuando la promesa del gobierno fue desmilitarizar la sociedad.
El estado de excepción aprobado por el gobierno y ampliado en la mayor de las discrecionalidades, ha sido cuestionado también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha pedido revisar esta medida ante los abusos que se han cometido y los resultados no tan contundentes en relación con el origen de la medida: contener el delito de la extorsión, el cual sigue golpeando a la población, y en especial, al rubro del transporte y los comercios.
Presupuesto y pobres resultados
De acuerdo con un reciente informe publicado por la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), que valora el impacto del estado de excepción en los primeros seis meses de gobierno, antes de la vigencia de esta medida, un promedio mensual de 38 casos por extorsión eran judicializados en los tribunales del país, pero esa cifra bajó a 20 casos por mes, con el estado de excepción.
Y si bien, la mayoría de los ciudadanos consultados por el organismo avalan la medida del estado de excepción como mecanismo de control, reiteran que se sienten más inseguros o igual que antes (77.4%), en tanto el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos señala que, desde la vigencia del estado de excepción en diciembre de 2022 al 18 de mayo de 2023, han recibido cerca de 174 quejas por violaciones a los derechos humanos. La mayoría de las quejas o denuncias provienen de los departamentos de Cortés, en el norte, y Francisco Morazán, en el centro.
Bajo el estado de excepción, entre el 6 de diciembre de 2022 y el 2 de mayo de 2023, se han detenido a un total de 194 personas por extorsión, señala el informe de la ASJ, que advierte otro hecho preocupante relacionado con la ejecución presupuestaria.
De los más de mil millones de lempiras aprobados a la Secretaría de Seguridad para que fuera ejecutado por la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), la ejecución presupuestaria es extremadamente baja. Apenas el 4% de los recursos asignados a la DIPAMPCO han sido ejecutados en lo que va del año, revela el informe de la ASJ, denominado “Extorsión bajo la lupa”.
El rubro denominado “equipo de seguridad” de la Policía Nacional, tiene cero ejecuciones presupuestarias, un hecho que incide en que la política integral del plan antiextorsión como núcleo central del estado de excepción no de los resultados previstos ante la inacción presupuestaria.
Impunidad y ejecuciones extrajudiciales
De las 30 acciones anunciadas en el plan antiextorsión como parte del estado de excepción, apenas se ha ejecutado 1 acción en los seis meses de vigencia de la medida, 16 acciones se desconocen qué pasó, 11 no se han cumplido, y 2 en proceso, añade el informe.
Ese análisis presentado por esta instancia de sociedad civil con cifras y datos del rumbo del estado de excepción obliga al gobierno de la presidenta Castro a reenfocar de nuevo sus políticas de seguridad, golpeadas fuertemente por el crimen, el repunte de los homicidios y la extorsión que no cede, al contrario, acecha bajo otras modalidades según los afectados.
Honduras empieza nuevamente a reportar muertes diarias de 10 personas a causa de las masacres, muchas de las cuales quedan en la impunidad, y dentro de esas muertes destacan los femicidios o muerte violenta de mujeres.
En su informe el relator especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales destaca que se han “registrado muertes ilícitas recientes que surgen del contexto de detenciones y operativos de la Fuerza Nacional Anti-Maras y Pandillas (FNAMP) y otras fuerzas de seguridad y defensa, particularmente contra barrios y sectores marginalizados, afectando especialmente a hombres jóvenes adolescentes”, destaca el informe del relator. La FNAMP ahora es la nueva DIPAMPCO.
Para el relator, persiste un “patrón de atentados contra la vida y muertes ilícitas en contra de grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo mujeres, población LGTBIQ, personas defensoras de derechos humanos, de la tierra y el territorio y medioambiente, periodistas y comunicadores sociales”. En tal sentido, advierte su preocupación, tras constatar una situación de impunidad generalizada en el país debido a una debilitada procuración e impartición de justicia, incluyendo demoras procesales injustificadas, la nula o limitada posibilidad de participación de las víctimas en el proceso penal y la falta de investigaciones efectivas.
A ese clima de impunidad e inseguridad que prevalece en el país, se suma el de las cárceles, protagonistas de reyertas y muertes que llevó al gobierno a crear una comisión interventora de los penales que ha iniciado un plan de refundación de las cárceles en un afán por tomar el control de los penales del país, en especial, aquellos considerados de máxima seguridad.
Uno de esos penales es la llamada cárcel de El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara, y según el plan de rescate y control presentado por los interventores, en donde la población privada de libertad de este centro penal es de 1,437 privados de libertad, por la comisión de diferentes delitos, la cual está constituida por miembros de la mara MS 13, pandilla 18, crimen organizado y delincuencia común.
Este centro está distribuido de la siguiente manera: cuatro (4) módulos de mínima seguridad, cuatro (4) procesados, dos (2) máxima seguridad y un (1) módulo de talleres; para un total de setenta seis (76) celdas.
Ese centro penal ha sido motivo de revueltas que han ocasionado la muerte de al menos 7 personas y varios heridos, ha sido controlado en su mayoría por los reclusos de las maras y pandillas, al grado de poner autoridades o custodios de su preferencia, según denunciaron los interventores, quienes han comenzado a reestructurar el control de los mandos internos y los anillos de seguridad.
Advirtieron que las revueltas se iban a seguir presentando con frecuencia, de acuerdo con los reportes dados por los servicios de inteligencia, y aunque en sus primeras operaciones requisaron armas de fuego y de arma blanca, además de descubrir túneles para almacenar armas, no terminan de asirse con el control total de ese importante centro penal.
El control de las cárceles es parte de la estrategia de combate a la extorsión y de estado de excepción parcial que impulsa el gobierno, pero de acuerdo a los resultados presentados en la evaluación de los primeros seis meses de la medida, los mismos son escasos y recomiendan a la presidenta Castro, llevar a cabo una evaluación técnica y objetiva en donde prime la investigación criminal con inteligencia para investigar redes criminales en la cual participen los actores claves dentro de la estructura de los operadores de justicia. Aún hay tiempo, aseguran, en tanto las misiones de la CIDH de la OEA y de la relatoría especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales son del criterio que el país debe revisar ese estado de excepción, aplicar los protocolos de Naciones Unidas, así como fortalecer investigaciones diligentes para cesar con la impunidad y el fortalecimiento del mecanismo de protección de derechos humanos, tras reprobar su acción negligente a favor de las víctimas. (PD).
