Tegucigalpa– El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) enumeró hoy una serie de preocupaciones en cuanto al estado de excepción, vigente desde diciembre del 2022, y fue contundente al señalar que la suspensión de garantías no es la herramienta adecuada para combatir la criminalidad organizada en el país.
Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh mencionó que, una de las preocupaciones, de este ente estatal, es la falta de control legislativo del Congreso Nacional, particularmente, con los últimos decretos que prorrogan el primer estado de excepción ya que no han sido objeto de un análisis por parte de ese poder del Estado.
Además, ya el Ministerio Público ha encausado a varios agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), de la Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), y de la Policía Nacional.
Otro de los señalamientos del Conadeh se enmarca en que la suspensión de garantías no es la herramienta adecuada para combatir la criminalidad organizada, como ha quedado de manifiesto hasta ahora.
Cáceres indicó que desde que se puso en vigencia el estado de excepción, hace más de 27 meses, el Conadeh atendió más 700 quejas que tienen que ver con la privación arbitraria de la libertad, detenciones ilegales, torturas y la colocación de pruebas aparentemente falsas, entre otras.
La Institución Nacional de Derechos Humanos ha propuesto, a las autoridades hondureñas, medidas encaminadas a que se adopte una política de seguridad ciudadana que tenga enfoque de derechos humanos y de género.
Niñas y mujeres las más afectadas por la intervención de agentes del Estado
El defensor de los derechos humanos declaró que las niñas y las mujeres son de los grupos más afectados por la intervención de los agentes estatales
Solo en el primer año, de la puesta en práctica del estado de excepción, el Conadeh atendió más de un centenar de quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado por violentar los derechos humanos de mujeres y niñas, situación que fue calificada como “alarmante” por los niveles de violencia y arbitrariedad perpetrados por agentes de seguridad pública en el marco de la suspensión de garantías.
La violencia física fue la de mayor recurrencia y según el relato de las propias afectadas, las violaciones de derechos humanos incluyeron golpes, patadas, jalones de cabello y bofetadas por parte de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.
El uso desproporcionado de la fuerza, en el marco de las intervenciones de agentes de la seguridad pública puede constituir un atentado a la dignidad humana, toda vez que acarrea repercusiones físicas y psicológicas en la vida de mujeres y niñas.
17 de los 18 departamentos del país fueron escenario de hechos denunciados por violaciones a derechos humanos de las mujeres y niñas, en el marco del Estado de excepción. Francisco Morazán es el departamento con mayor incidencia, seguido por Cortés, Choluteca y Atlántida. IR
