Madrid – La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se comprometió este lunes a dar mayor visibilidad y buscar nuevos apoyos económicos y políticos para el MIRPS, un proyecto que aúna a los países centroamericanos y México afectados por los desplazamientos forzosos de personas.
España asumió hoy, en una conferencia telemática, la Presidencia de la Plataforma de Apoyo al MIRPS, Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones al desplazamiento forzado en Centroamérica y México.
La plataforma se constituyó en diciembre de 2019 para respaldar al MIRPS (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá).
Además de España, forman parte Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Francia, Italia, Suecia, Uruguay, Suiza, y entidades como la UE, ACNUR y la Organización de Estados Americanos (OEA).
González Laya aseguró que España trabajará con «responsabilidad, compromiso y transparencia» con el afán de conseguir un «impacto real para mejorar la situación y la solidaridad global» con las personas y comunidades afectadas por el desplazamiento en Centroamérica y México.
Marcó como objetivos de la Presidencia española dar visibilidad a esta crisis, movilizar apoyos públicos y privados y promover el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas.
Según González Laya, su acción se desarrollará en cuatro ejes: impulsar la búsqueda de soluciones al desplazamiento forzado en la región en los foros internacionales; interacción con instituciones financieras como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial; cooperación y apoyo directo de los miembros de la plataforma; y asociación del sector privado.
Aseguró que la solidaridad y la actitud de no dejar a ningún país atrás «es un imperativo» para España.
INVERSIÓN SOCIOECONÓMICA CONTRA LA VIOLENCIA
También intervino el alto comisionado de ONU para los Refugiados, el italiano Filippo Grandi. Subrayó que, si no se afrontan las consecuencias del movimiento forzado de poblaciones, se agravará la situación económica y de inestabilidad de los países afectados.
Constató que la pandemia dificulta aún más los problemas de inclusión, debido al retroceso socioeconómico, asi que el MIRPS es una herramienta «muy valiosa» para que estas personas «no queden atrás».
Pero a pesar de la COVID-19, la violencia, que provoca el desplazamiento, «no para» y se deben tomar medidas que afronten las raíces profundas del problema, dijo, como invertir en la estabilidad de la región, donde hay casi un millón de personas forzadas a migrar.
La ministra de Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, coincidió en la existencia de causas estructurales de violencia y falta de oportunidades, así que no se trata solo de cooperación, sino de inversión para generar trabajo.
Indicó que esta crisis sanitaria y socieconómica coloca a los desplazados en una situación más deplorable aun. «No los podemos dejar atrás -subrayó-, la realidad que viven es inaceptable y juntos vamos a cambiar esa desesparanza por oportunidades» con el apoyo de la comunidad internacional.
El caso de El Salvador, país que preside el MIRPS en estos momentos, la situación está agravada por los 12.000 desplazados de las tormentas tropicales.
El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, citó los casos de Nicaragua y Venezuela «especialmente» al referirse a quienes no tienen otra alternativa que salir de sus hogares para huir de la violencia y la pobreza.
Elogió la colaboración de la plataforma para reforzar la capacidad de respuesta de los países de acogida, que ya «están desbordados», para ayudarles a prepararse para la previsible avalancha de más migrantes una vez se reabran las fronteras.
