– Elección del Conadeh pone a prueba las audiencias públicas
La calistenia no estuvo mal pues los evaluadores de los 21 aspirantes al Comisionado, fueron diputados de las distintas bancadas que conforman el hemiciclo entre nacionalistas, liberales, democristianos, udeístas, pinuistas, partido Anticorrupción y los de Libertad y Refundación.
Fue una Comisión Multipartidaria, como la denominaron, que debió enfrentar a lo interno y a lo externo las presiones políticas y populares propias de la elección de este tipo de cargos.
A lo interno, los integrantes de esta Comisión definieron las reglas del juego para las entrevistas a los 21 aspirantes: todos podían interrogar e incluso la sociedad civil que asistiera a las audiencias podía hacer sus interrogantes canalizadas por los miembros de la Comisión para evitar reiteraciones.
Acordaron también que dejarían a un lado los prejuicios y sus posiciones político- ideológicas para no contaminar el proceso, aunque no significaba que renunciaran a cuestionamientos que podrían parecer incómodos. No obstante, hubo consenso entre todos, según sus propias expresiones, que no iban a polarizar en cuanto a los acontecimientos de junio de 2009 para no tensar el proceso, revivir la radicalización y echar a perder las audiencias.
Su objetivo era centrarse en cómo fortalecer la institucionalidad del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), fortalecer su independencia y su rol de defensor del pueblo, entre otros aspectos.
La primera fricción interna Sin embargo, a medida que se fueron desarrollando las audiencias y como un viraje de último momento—violentando lo consensuado—la Comisión Multipartidaria vivió su primera prueba de fuego interna cuando una de sus integrantes del partido Libertad y Refundación (Libre) mocionó en el pleno para que se cambiara la metodología de evaluación de las audiencias. La moción, indican fuentes legislativas de la propia ala en cuestión, se habría hecho luego que los representantes de Libre en la Comisión Multipartidaria, al parecer fueron objeto de un fuerte reclamo por la dirigencia de ese partido y la mayoría de sus compañeros de cámara porque no fueron agresivos en la comparecencia que tuvo el actual ombudsman hondureño, Ramón Custodio, al salir airoso de la audiencia tras contestar con solvencia y soltura las inquietudes hechas por la comisión y miembros de la sociedad civil ahí presentes. La moción de la parlamentaria de Libre tomó por sorpresa al resto de los miembros de la Comisión Multipartidaria que empezaron a develar algunas interioridades de las presiones internas que enfrentaron, y aunque Libre amenazó con retirarse de las audiencias, terminó abortando su idea al quedar evidenciado que podría existir el propósito de ese partido de deslegitimar el proceso. Tanto fue el alboroto que causó el hecho de que los representantes de Libre no atropellaran a Ramón Custodio como estaba programado, que dos diputados de ese mismo partido casi se lían a puñetazos porque uno de ellos defendió la transparencia como se venían desarrollando las audiencias públicas. Libertad y Refundación con ese nuevo zipizape protagonizado perdió puntos en la opinión pública, de ahí que su dirigencia considerara que no era estratégico retirarse de las audiencias porque ello le podría afectar cuando se elijan otros cargos iguales o más sensitivos que el del Conadeh, como el Tribunal Superior de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia. Otro elemento interno que enfrentó la Comisión Multipartidaria fue el desmarque que a último momento hizo la diputada pinuista, Doris Gutiérrez, rompiendo los acuerdos llegados al leer interrogantes de la sociedad civil cuando era entrevistado Custodio sin haberlas dado a conocer al pleno, como fue lo acordado entre todos ellos. |
La “intervención” internacional No obstante, pasados estos altibajos, la Comisión Multipartidaria logró salir avante de sus divergencias internas, pero no así de las presiones externas, donde la tendencia a descalificar el proceso crece a medida que se acerca la hora final de la elección. En una avanzada de querer imponer la agenda de selección a los diputados, una comisión internacional arribó al país a inicios del mes de marzo y en una rueda de prensa dictó a los diputados las reglas que a su juicio deberían seguir para el proceso de selección y elección. Les leyó un recetario que no gustó a los diputados por considerar que se estaban excediendo en un papel de un observador externo e internacional al haber intromisión en los asuntos internos de una nación. A esa misión internacional, se sumaron los reclamos de instancias internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, quienes al igual que la primera misión externa, aprovecharon para descalificar a quienes ellos no quieren en el cargo de comisionado nacional de los derechos humanos. Una avanzada que nunca había registrado Honduras, ni ningún otro país americano en las últimas cinco décadas. Pese a que dos aspirantes al puesto y reconocidos activistas de derechos humanos se retiraron antes de las audiencias, mientras sectores de sociedad civil afines al partido Libertad y Refundación han hecho lo propio para restar la forma en que se condujeron los interrogatorios, mismos que fueron televisados por el estatal canal 20 del Congreso Nacional y que tuvieron una amplia cobertura del periodismo nacional. Los comunicados señalando las debilidades de las audiencias públicas que no se convirtieron en escenario de guerra para descalificar a determinados aspirantes no se han hecho esperar y la sociedad civil sigue errando sus estrategias de incidencia en un poder del Estado altamente político como es el parlamento hondureño. |
La elección del TSC y el Poder Judicial De momento las audiencias públicas para la elección del comisionado nacional de los derechos humanos, han sido un termómetro para los parlamentarios y las bancadas políticas allí representadas que se verán nuevamente las caras cuando les toque seleccionar a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y de la Corte Suprema de Justicia. Tanto el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) como la Corte Suprema de Justicia son dos entidades claves para la institucionalidad democrática. En la primera se juega el control de las auditorías a los procedimientos presupuestarios y fiscales del Estado y en la segunda, se define la forma de impartir justicia en este país centroamericano. Ahí las audiencias públicas sin duda serán más calientes que en el caso del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. |
