Alcanzaron el poder sustentado en el odio hacia un autoritarismo oprobioso que combinaba poderosos vínculos con el crimen organizado al mismo tiempo que mantenían y racionaban privilegios a potentados favorecidos por contrataciones públicas. Una administración que utilizó el terrorismo fiscal para perseguir opositores y favorecer adeptos político-empresariales a quienes aplicaban medidas laxas en cuanto a sus obligaciones tributarias. Ofrecieron derogar leyes impopulares para resultar favorecidos por el voto de los creyentes, para una vez en el poder dar la espalda a sus promesas; derogar algunas disposiciones que solo debían reformarse; y están aumentando la presión que asfixiará la inversión y generación de empleo.
El dictador se arropó en la bandera de la izquierda; una suerte de populismo primitivo que ha demostrado tener éxito en buena parte de América Latina. La diferencia con el autoritarismo que les facilitó el acceso al poder es que el previo era básicamente interno (salvo sus alianzas criminales foráneas) y el actual ha vendido el alma a un mamarracho que se denomina socialismo del siglo XXI. El denominador común de ambos esquemas, el reciente y el actual, es su autoritarismo, sectarismo, la compra de voluntades, la distribución de dádivas a los pobres y el control de negocios importantes de la nación: la concesión de recursos naturales, la infraestructura y los servicios existentes (recientemente amenazaron con fundar un banco de remesas).
El dictador desde el poder ejecutivo nombra, controla y dicta órdenes al poder legislativo por medio de una junta directiva espuria y con el apoyo condicionado de diputados de partidos de ‘oposición’; a las autoridades electorales; a los cuerpos armados; y a todo el aparato del sector público, al que incluso le exige sumisión y pleitesía. En la nueva corte de justicia, nombrada mediante un intrincado procedimiento ligeramente diferente al pasado, descansa un hálito de esperanza a que se constituya en poder independiente ausente de vasallaje ante el ejecutivo que mantiene una agenda incólume de transformar el país hacia su destrucción.
El dictador y su camarilla manifiesta su desprecio por la institucionalidad y el imperio de la ley, y mucho más sobre valores que han prevalecido en la población hondureña desde antes de la conquista.
Igual que su antecesor, la inseguridad forma parte del sesgado esquema operativo del dictador. Sus aliados cuentan con protección policial y militar, mientras el resto de la población tiene que agenciarse su propia protección contra la violencia y el crimen.
Otro elemento fundamental del proyecto dictatorial es el control casi total de medios de comunicación y embestidas a la libertad de expresión. Da pena, la manera entreguista con que, antiguos defensores del pueblo hoy utilizan su pluma y sus canales para aprobar, justificar o defender el “proyecto socialista” y atacar a todo aquel que se cruce en su camino. Porque ‘pueblo’ es hoy un sustantivo aplicado a un segmento muy reducido de la población: los adláteres del gobierno.
El dictador entonces sabe que la marcha de su proyecto está avalada por:
- Valores morales precarios y necesidades ingentes de la población en general.
- Individuos, empresas y organizaciones de sociedad civil, domesticadas por prebendas, amenazas y persecuciones gubernamentales de todo tipo.
- Marco legal diseñado a su favor: Constitución, convenios internacionales, códigos, leyes, reglamentos, resoluciones y manuales.
- Algunos organismos internacionales, complacientes.
- Marco institucional sometido: parte de los poderes del estado, cuerpos armados, secretarías de estado, alcaldías, gubernaturas, auditoras, fiscalías, observatorios, comisiones, comisionados.
- Fuente financiera garantizada: los recursos públicos de la nación utilizados a discreción.
- Aparato mediático desorientador.
- Inmovilización de la oposición: Intervención en partidos y adhesión de dirigentes opositores.
El dictador cuenta con el escenario preparado para su siguiente gran zarpazo: ganar las próximas elecciones a como dé lugar. Y sí el mapa de ruta le resulta, al día siguiente de conocerse los resultados en las urnas, habrá miles de arrepentidos por acciones u omisiones. Otra vez. Entonces, podría ser demasiado tarde.
