Desde su inicio hace más de tres décadas, el internet ha transformado los patrones de conducta global más que cualquier otro fenómeno de impacto internacional. Ha permitido un extraordinario desarrollo del comercio internacional, así como un impresionante acceso a la información, previamente limitada a documentos impresos o versiones análogas de imágenes, video, música y sonido.
Sin perjuicio de estos avances, también ha magnificado las desigualdades de oportunidad de acceso y empleo de la información, así como las violaciones de los derechos humanos, en particular el de libertad de expresión.
A partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha producido un desarrollo progresivo de las normas de derechos humanos, inclusive en el trato sus formas agravadas, como los crímenes atroces. Estos desarrollos graduales proporcionan directrices bien fundamentadas, pero el Internet sigue siendo un campo nuevo, un teatro de batalla que requiere mejores regulaciones nacionales e internacionales y la expansión de la jurisprudencia universal.
Los estados han desarrollado nuevos métodos para censurar y controlar el espacio en línea. Limitan el acceso a Internet, regulan su contenido y utilizan la información para evaluar el comportamiento de los ciudadanos. Con esta información, ellos determinan las oportunidades de empleo de las personas, así como su acceso a educación, vivienda y viajes. Este control por parte del Estado suele implicar una falta de acceso a la justicia y un espacio democrático muy reducido.
En el informe de este año, Freedom House encontró que la pandemia era un pretexto de algunos gobiernos para limitar el acceso a la información y ampliar sus poderes de vigilancia. El informe también detectó a gobiernos imponiendo sus propias regulaciones respecto al internet y restringiendo el flujo de información entre fronteras nacionales, a manera de «soberanía cibernética».
El tema del internet también tiene otra cara. La laxitud en las regulaciones en varios países posibilita el uso de las grandes plataformas digitales para provocar el desorden público a través de campañas de desinformación en las redes sociales. Esta apertura en el mundo del internet se ha utilizado para promover el odio nacionalista, racial o religioso, incitando a la discriminación, la hostilidad o la violencia. También ha dado paso a reclutar seguidores, y utilizar bots, para influir en el entusiasmo del público e intimidar a los críticos. Esta práctica ha alcanzado niveles alarmantes recientemente.
Debido a la influencia inigualable canalizada a través de poderosas plataformas de internet, en su artículo «Cómo salvar la democracia de la tecnología – Acabar con el monopolio de la información de Big Tech» los señores Fukuyama, Richman y Goel proponen una solución de «middleware». Es decir, «Una capa competitiva de nuevas empresas con algoritmos transparentes [que] intervendrían y se harían cargo de las funciones de acceso […] de los servicios de las plataformas tecnológicas actuales […] [M]iddleware podría permitir a los usuarios elegir cómo la información es administrada y filtrada hacia ellos.» Es de esperar que esta alternativa contribuya a mitigar las tendencias actuales que generan discriminación, hostilidad, violencia y manipulación política.
El objetivo es impedir que se siga empleando el Internet como un arma contra la democracia y los individuos que intentan ejercer sus derechos humanos, y hacerlo sin sacrificar valores democráticos como la libertad de expresión. La fragmentación actual de la práctica de los Estados y la falta de regulación de los grandes monopolios corporativos vinculados al internet, no contribuyen a una aproximación integral, necesaria para promover la libertad de expresión.
No hay una vara mágica para superar estos desafíos, pero sí hay un camino a seguir. Como mencionó Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en noviembre pasado, un grupo de expertos destacó la importancia de centrar la atención en el trabajo preventivo antes de que se cometa la violación. Este nuevo enfoque abordaría el hecho de que muchos brotes de violencia, conflictos y atrocidades masivas tienen sus raíces en la discriminación, las desigualdades económicas, la exclusión social y la denegación de los derechos económicos y sociales, que han subsistido en varios países por mucho tiempo.
Además, al apoyar la labor de las Naciones Unidas para la adopción de planes de acción de prevención, análisis de los derechos humanos con una perspectiva de prevención de atrocidades, ejerciendo la jurisdicción universal respecto de los crímenes de atrocidad cometidos en otros Estados, y la promoción de soluciones a los monopolios de Big Data, la comunidad internacional puede contribuir significativamente a la promoción de la libertad de expresión y a la diversidad pacífica, la tolerancia y el respeto.
