El portavoz del Ministerio Público, Marvin Cruz, dijo que aparte de los 287 cadáveres entregados, hay 74 cuerpos más a los que «se les tiene que hacer pruebas de verificación de las diferentes técnicas para estar plenamente identificados» antes de entregarlos a su familia.
El penal de Comayagua se quemó parcialmente entre la medianoche del 14 y la madrugada del 15 de febrero, y según un equipo de expertos de Estados Unidos, la causa «fue accidental».
De las 361 víctimas, siete murieron en el Hospital Escuela, donde todavía permanecen dos reos en condición «estable», según fuentes médicas.
Otro preso herido fue remitido a la Penitenciaría Nacional, cercana a Tegucigalpa, tras su recuperación.
El 29 de febrero pasado, un equipo de cuatro policías españoles llegó a Tegucigalpa para colaborar en las labores de identificación de las 361 personas que murieron en el siniestro.
El Estado de Honduras comparecerá el próximo lunes en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, para explicar la situación en las cárceles del país tras el incendio registrado en el penal de Comayagua.
El pasado 28 de febrero, en la CIDH, el Estado de Honduras llegó a un acuerdo con los representantes de las víctimas de otro incendio registrado en 2004 en una cárcel de San Pedro Sula, en el norte del país, en el que murieron 107 presos.
El acuerdo incluye un reconocimiento público de la responsabilidad del Estado en ese incendio, la reconstrucción de nueve cárceles, el castigo a los responsables del siniestro de 2004 y el pago de una indemnización a los familiares de las víctimas.
El sistema penitenciario de Honduras, compuesto por 24 cárceles, tiene capacidad para albergar a unas 8,000 personas, pero la población carcelaria supera los 13,000, según cifras de diversos organismos.
