Tegucigalpa – En su lucha contra la criminalidad, el gobierno de Honduras parece haber entrado a un modelo híbrido de seguridad que tiene como referencia el modelo orteguista de Nicaragua del control de escuchas y redes sociales, y el del bukelismo en El Salvador, de súper mano dura contra la delincuencia de las maras y pandillas bajo un estado de excepción y su exhibicionismo en las cárceles.
El desafío de la criminalidad, el repunte de la violencia y los homicidios llevó a la administración de la presidenta Castro a reactivar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y adoptar fuertes medidas de control amparadas en un estado de excepción parcial con suspensión de algunas garantías constitucionales que ya se van haciendo permanentes.
El estado de excepción, una copia de la política de seguridad del presidente salvadoreño, Nayib Bukele más suavizada, se encuentra operando en casi todo el territorio nacional y el mismo contempla el retorno de los militares en las actividades propias de la seguridad que corresponden a la Policía Nacional civil.
Los militares dividieron sus tareas en dos fuerzas, otorgando a la Policía Militar de Orden Público el control de zonas territoriales donde opera el crimen organizado, además de darles la custodia de las cárceles del país, un total de 25. La misma fue otorgada tras una serie de reyertas y el fracaso de una comisión interventora nombrada por el Ejecutivo, que aceleró su desintegración tras la barbarie ocurrida en el penal femenino de Támara, donde 46 privadas de libertad murieron calcinadas, unas, ejecutadas con armas de fuego y arma blanca, otras, sin que aún se conozcan las causas que provocaron la tragedia.
Ese hecho provocó también la abrupta destitución del entonces ministro de seguridad, Ramón Sabillón, y el nombramiento de nuevas autoridades, en la figura del nuevo titular de la Seguridad, Gustavo Sánchez, que ha entrado con operativos mediáticos en algunas regiones donde la inseguridad y violencia se concentran con mayor fuerza.
Sus operativos denominados “Candado” y “Fe y esperanza” han sido masivos con capturas de sospecha de diversos delitos, entre ellos los de una masacre en la norteña ciudad de Choloma, donde murieron varios líderes sindicales del rubro de la maquila mientras departían en un billar. Las capturas de los presuntos sospechosos aún no llegan a ser procesos judicializados en firme, pero según las autoridades policiales, más de 90 % de los casos de masacres han sido resueltos en el país como parte de las políticas de seguridad y el estado de excepción.
Resurgen los “carros fantasmas”
A la par de los operativos de saturación en barrios y colonias consideradas zonas calientes, en las cárceles la Policía Militar de Orden Público muestra a los medios de prensa los privados de libertad sometidos, semidesnudos, con la cabeza cabizbaja y bajo los nuevos controles de autoridad. Armas, municiones, droga, entre otros, han sido decomisados en los operativos carcelarios, mientras se anuncia que se va a construir una costosa cárcel en una zona de reserva natural protegida en las aguas del caribe hondureño, en las paradisíacas Islas del Cisne.
Las autoridades del gobierno se ufanan de esa construcción tipo cárcel de Alcatraz, y señalan que el país será famoso por tener un sitio turístico privilegiado como las Islas de la Bahía, también por una mega cárcel modelo en las Islas del Cisne, ambas en el caribe hondureño.
Otra acción que ha sorprendido dentro de estas políticas es la puesta en marcha de los llamados “carros fantasmas” (patrullas interceptoras), vehículos policiales sin placa ni identificación para “interceptar” grupos criminales, y que en cualquier momento pueden parar a un ciudadano que estimen “sospechoso”. Esa práctica, ya vigente, generó preocupación en expertos humanitarios y en materia de seguridad porque así empezaron a operar en los años ochenta, los llamados escuadrones de la muerte, grupos paramilitares creados por el gobierno para perseguir, torturar y desaparecer a opositores políticos.
Bajo ese modelo de seguridad del bukelismo, las organizaciones humanitarias han denunciado los abusos a los derechos humanos, atropellos de la Policía Militar y de la Policía Nacional, hechos que ambas autoridades niegan.
A este uso de la fuerza y la súper mano dura, se agrega otro elemento que ha caracterizado las políticas autoritarias del régimen nicaragüense de Daniel Ortega: las escuchas telefónicas y el control de las redes sociales bajo las llamadas políticas de ciberseguridad. El gobierno de la presidenta Castro ha introducido al Congreso Nacional una nueva ley de espionaje que tiene entre sus pretensiones acceder a las diversas redes sociales, violando el derecho a la privacidad de los ciudadanos, pues ello implica hacerlo sin orden judicial.
Honduras ya tiene una ley de espionaje o escuchas aprobada por el gobierno del expresidente Juan Hernández, pero la misma debe usarse contando con una orden judicial. La novedad de la nueva ley, denominada “Ley para la protección de los usuarios de las telecomunicaciones”, aprobada ya en dos debates, ha generado la polémica por pretender acceder a las redes sociales y espiar a los ciudadanos sin orden judicial, porque da a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones acceso a la base de datos de los hondureños de forma ilimitada y porque incluso vulnera la inmunidad del cuerpo diplomático acreditado en el país, según los entendidos en la materia.
El espionaje y la violación a la privacidad
La mayor de las polémicas la ha desatado el artículo 23 del proyecto de ley que establece que: “Los operadores y sub operadores del servicio de telecomunicaciones, tienen la obligación de proporcionar información de los registros técnicos de las comunicaciones cursadas Intrared, así como de las cursadas hacia otras redes, en un término no mayor a las veinticuatro (24) horas, cuando sea requerido por la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público o la autoridad judicial, con el objetivo de contribuir al proceso investigativo de los casos sometidos a su competencia. Los registros técnicos referidos en este apartado son: registros de llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de voz, mensajes de texto cursados de terminal a terminal o cursados vía internet, registros de ocupación de direcciones IPs, así como otros tipos de registros de servicios de telecomunicación que a futuro se implementen”.
La redacción de este artículo en ningún momento establece que para ello debe haber una orden judicial y abarca no solo las conversaciones telefónicas, sino que el tema de las redes sociales y los textos de mensajería instantánea. Las autoridades policiales y los legisladores que defienden el proyecto de ley dicen que nada se hará sin orden judicial, pero el texto del proyecto señala otra cosa. La ley entrará a su tercer debate y en él se espera que se hagan las reformas necesarias.
La justificación de las autoridades es que esta iniciativa es complementaria a las políticas de seguridad y del estado de excepción vigentes, que buscan controlar la venta de chips y tarjetas SIM en los celulares, pero los expertos en seguridad y ciberseguridad consultados por Proceso Digital advierten de otros riesgos que contempla la normativa.
Señalan que en términos generales es una buena iniciativa, pero indican que debe definirse qué se entiende por Registro Técnico, que Conatel no debe tener acceso sin límites a las bases de datos, que no se debe excluir la aprobación de una orden judicial y que los sub-operadores no deben estar obligados a dar más información de la habitual sobre sus usuarios porque estarían violando la constitución en cuanto a la protección de los datos personales y privados de los ciudadanos.
También llaman la atención sobre la petición que se hace a los extranjeros que, si pasan de 30 días su estadía en el país, deben registrar sus móviles, pues consideran que no se le puede exigir a un ciudadano de otro país que haga eso, más cuando usa el servicio de roaming internacional
¿Cómo se le va a exigir a un representante del gobierno de otro país que haga eso, cuando por seguridad ellos usan líneas telefónicas móviles de sus países de origen?, se preguntan los expertos consultados. Ello puede provocar acciones de ilegalidad, aseguran, al indicar que en el caso del cuerpo diplomático estos mantienen inmunidad y no se les puede exigir este tipo de procedimientos, pues no está claro su caso.
Los expertos advierten preocupaciones sobre el tipo de herramientas que usarán los operadores y sub-operadores para la información de video llamadas, mensajes de textos y audio que se realicen por medio de App usando internet, pues se está frente a una clara violación de la privacidad, intimidad, protección de datos y de la presunción de inocencia de las personas, aseguran.
Honduras camina así en un híbrido modelo de seguridad que deja muchas interrogantes y parece reforzar las políticas autoritarias de dos regímenes que se encuentran señalados por graves retrocesos democráticos y violaciones humanitarias: Nicaragua con Daniel Ortega y El Salvador con Nayib Bukele. PD
