La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) acusó a una veintena de policías, entre oficiales y agentes, además de un soldado, un ex policía, guardias y reclusos de la Granja Penal de El Porvenir, en el departamento caribeño de Atlántida.
El juicio se celebra desde el lunes en el puerto de La Ceiba, unos 400 kilómetros al norte de Tegucigalpa, y podría extenderse entre uno y dos meses, dijo hoy a Efe un portavoz del MP.
«El juicio va a ser bastante largo, por la gran cantidad de testigos y pruebas que se van a presentar» por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP y la defensa de los acusados, añadió.
La Fiscalía imputó a algunos acusados los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los servidores públicos, y a otros coautoría de asesinato, «asesinato en su grado de ejecución de tentativa, homicidio y homicidio en su grado de ejecución de tentativa», explicó.
El 5 de abril de 2003, 68 personas fueron asesinadas en la Granja Penal de El Porvenir, cerca de La Ceiba, en medio de un enfrentamiento entre miembros de pandillas y reclusos comunes.
De las 68 víctimas, 60 eran pandilleros, cinco reos comunes y tres personas que estaban de visita, entre ellas una niña.
Al menos 25 pandilleros murieron quemados en una celda del centro penal y los demás por disparos de armas de fuego y heridas con puñales, machetes y golpes contusos.
La matanza y el incendio en el centro penal se desataron tras el asesinato a tiros de un recluso que era jefe de disciplina entre la población penitenciaria, José Alberto Almendares, a manos de un pandillero, Mario Cerrato.
En 2004, el ex director de la Granja Penal de El Porvenir Óscar Reynieri Sánchez fue declarado culpable del delito de homicidio por facilitar la muerte de Almendares al haber permitido el ingreso de las armas de fuego con las que éste fue asesinado.
El presidente del comité de familiares de las víctimas de la matanza, Joaquín Salinas, manifestó a la prensa sus esperanzas en que los jueces «sean implacables» contra los acusados y subrayó que confían en que el juicio sea «transparente y apegado a la ley».
Salinas también pidió que «el Estado repare los daños causados a los familiares» de los asesinados.
El juicio está a cargo del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, presidido por la juez Yolany Muñoz, y se celebra bajo estrictas medidas de seguridad en la sede regional del Colegio de Abogados de Honduras debido a obras en las instalaciones del Poder Judicial.
