Tegucigalpa – Honduras inicia el 2023 con los desafíos enormes para su estabilidad política y económica que deben ser encarados este mes de enero, las cuales dependerán de los resultados que se obtengan en el Congreso Nacional con la aprobación del presupuesto del presente año y la elección de los 15 magistrados para los próximos 7 años que integrarán la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
– El gobierno y la dirigencia del Congreso Nacional no pudieron aprobarlo en diciembre y ahora hablan con contar con 80 votos, de los 65 mínimos que requieren.
– La elección de los 15 magistrados que integrarán la máxima Corte del país deberá ser a final de mes y la estabilidad del país estará en juego en la misma.
Los dos aspectos son cruciales y definen el calendario de enero, mes que arranca con el inicio del nuevo año.
De ello dependerá la agenda gubernamental y de la oposición. La primera impulsando la aprobación del presupuesto y a la vez interesada en que una nueva CSJ asuma el control del Poder Judicial.
Los dirigentes de Libre y algunos directivos oficialistas en el Congreso Nacional pregonan abiertamente que es necesaria una corte diferente y que esté en sintonía con los planes de refundación del partido gobernante.
De hecho el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, en una carta a sus afiliados indicó que “ningún cambio es posible y sostenible en el tiempo, si no transformamos el sistema económico, social y político”.
Presupuesto
Desde septiembre de este año se conoció el proyecto del Presupuesto General de Ingreso y Egresos de la República el mismo representó un aumento de 32,013 millones de lempiras, un 8.9 %, y el actual ejecutado este 2022 es de 360,505 millones y el solicitado para el año entrante es de 392,519 millones de lempiras.
De las primeras interrogantes que se dieron una vez que se conoció el incremento, es ¿Cómo este iba a financiarse? Si el gobierno ya había dicho que no habría aumento de impuestos, tampoco creación de nuevos tributos, fue la propia ministra de la Secretaría de Finanzas, Rixi Moncada, quien manifestó que el mismo sería financiado con préstamos en la banca extranjera.
Pero además de la aprobación de créditos en el Congreso Nacional, que no ha sido bien visto en la nación centroamericana, ya que la utilización de dinero de las reservas internacionales sacadas del Banco Central de Honduras por unos mil millones de dólares, despertó dudas por las grandes cantidades de dinero que estaba alcanzando para su disposición el gobierno.
El BCH ha prestado a la Secretaría de Finanzas más de mil millones de dólares para financiar diversos programas del gobierno.
Pero además del incremento de 32 mil millones de lempiras para este 2023, lo más destacado del proyecto de presupuesto fue la incapacidad del gobierno y los dirigentes del Congreso de lograr reunir los 65 votos de diputados para su aprobación.
De hecho el país comenzó el 2023 con el mismo presupuesto del año pasado, tal como dicta la legislación.
Elección de la Corte, la reyerta más innegable
Si la aprobación del presupuesto requiere la mayoría simple de 65 diputados, la elección de los 15 magistrados necesita de mayoría calificada de acuerdo a la Constitución, 86 votos, lo que hace inviable sin los votos de los 43 diputados de la bancada nacionalista.
Libre tiene como aliados temporales para ciertas votaciones a los diputados del Partido Liberal, 22 votos, y de su exaliado en las elecciones Partido Salvador de Honduras, 10 votos.
Desde ya se habla que el famoso “tilín tilín”, la oferta de dinero a diputados para que voten por determinada línea, suena en los pasillos legislativos.
Desde la directiva del Congreso Nacional se rechaza tal versión, mientras los líderes del Partido Nacional han denunciado que el oficialismo se ha acercado a varios de sus diputados para ofrecer canonjías.
La Ley de la Junta Nominadora manda la Selección de Candidatos a Magistrados de la CSJ, proceso que se ha venido cumpliendo y que entra en su etapa final.
Esta semana los candidatos que han ido pasando las diversas etapas están convocados por la referida Junta para las entrevistas personales, lo que indica que pronto enviarán el listado de al menos 45 aspirantes a Jueces Supremos de la nación.
La elección teóricamente debe llevarse a cabo el 25 de enero, cuando se cumpla el primer año de funciones de la actual legislatura, aunque de no lograrse, la reglamentación indica que los actuales 15 magistrados continuarán en sus funciones hasta que los diputados logren el consenso de elegir a los próximos magistrados de la nación.
El escenario para elegir la nueva Corte, ha ido mostrando sucesos que hacen creer fácilmente que se puede estar a las puertas de una nueva crisis política en Honduras, porque el partido en el poder asegura busca elegir de manera transparente a los mejores hombres y mujeres, en cambio la oposición, denuncia que el oficialismo quiere un Supremo a su medida y servicio.
La elección del CSJ, es quizá la disputa más grande en el Congreso y la misma no da luces de diálogos y consensos, que históricamente ha sido una práctica de la clase política, repartirse en proporciones iguales los cargos de magistrados, hasta ahora el Poder Judicial tienen abogados afines al Partido Nacional y Partido Liberal, como parte del bipartidismo que acentuaron.
Ahora el panorama es distinto con Libre como primera fuerza, pero cuyos 50 votos no le ajustan con sus socios y el resto de los partidos representados han expresado que no quieren que el partido oficialista sea mayoría en la Corte.
Varios meses después de la elección de los 15 nuevos magistrados de la CSJ, el Congreso Nacional debe cerrar el ciclo con la selección del nuevo fiscal general y fiscal adjunto, los máximos responsables a dirigir el Ministerio Público.
Ambos cargos también requieren mayoría calificada de 86 votos y la elección de la CSJ reflejará lo que pasará posteriormente con los nuevos fiscales.
La CICIH, la prolongada promesa
Y aunque no está prevista en las primeras semanas del año, como el presupuesto y la CSJ, además de los fiscales, otro tema crucial que definirá el 2023 será si el gobierno logra finalmente cumplir su promesa de concertar la llegada de una comisión anticorrupción con las Naciones Unidas (ONU).
La promesa de campaña de la presidenta Castro saldó el primer año de gestión gubernamental con la firma de un memorándum con la ONU, pero el documento no implica que la misma ya esté acordada, sino que definió los parámetros de la negociación para la firma del convenio que daría vida a la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), bajo el paraguas de las Naciones Unidas.
Las negociaciones serán difíciles, a tenor de lo visto para alcanzar el memorándum, y más con la insistencia de los mensajes de los dirigentes de la ONU que insisten en una comisión independiente, por varios años y cuyos funcionarios sean seleccionados y nombrados por la Oficina del Secretario General António Guterres. (JP).
