El dictamen proviene del decreto 18-2010 del 28 de marzo del 2010, cuando se declaró estado de emergencia fiscal en el país para atender la crisis fiscal de las finanzas públicas.
Entre lo decretado se encuentra conceder amnistía para el pago de multas, recargos e intereses de todas las obligaciones pendientes del pago con el Estado, que se están en la vía judicial de los tribunales de la República.
Lo anterior faculta a la Procuraduría General de la República (PGR) a realizar las gestiones de cobro, suscribir acuerdos de pagos y realizar los disentimientos de pagos correspondientes.
Dicho decreto entró en vigencia simultáneamente con su publicación en el diario oficial La Gaceta.