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“En un Estado democrático los fallos se tienen que cumplir y respetar”: Magistrado Cálix

Tegucigalpa – El magistrado de la Sala de lo Penal, Carlos David Cálix, sostuvo que el Poder Judicial se dedica exclusivamente a impartir justicia y que en un Estado democrático todos los fallos se tienen que cumplir y respetar a cabalidad.
 

Lo anterior sobre lo declarado en las últimas horas por el presidente, Porfirio Lobo Sosa, quien denunció que se estaría favoreciendo a los empresarios, lo que estaría reduciendo el presupuesto al Poder Judicial.

En ese sentido, explicó que “como jueces lo que tenemos que hacer es ejecutar lo juzgado efectivamente, cualquier opinión que se pueda decir por cualquier ciudadano incluido el presidente la respetamos, pero no nos corresponde hacer valoraciones sobre opiniones que se puedan manifestar en ese sentido”.

A nosotros los corresponde hacer valoraciones sobre los casos que juzgamos al momento de resolverlos, detalló.

Al mismo tiempo, sostuvo que en un sistema democrático los fallos deben de ser respetados y deben de cumplirse, además de que los fallos son algo que los ciudadanos pueden reclamar legítimamente, que las resoluciones judiciales estén debidamente motivadas y expongan claramente que es lo que resuelven.

A criterio del magistrado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés como administrador del Poder Judicial tiene que salir en defensa en cuanto a lo que pretende el Poder Ejecutivo de reducir el presupuesto a los poderes del Estado.

“El presidente de la Corte es el único que puede pronunciarse de manera clara y contundente, porque el Congreso Nacional le ha delegado el tema administrativo”, recordó.

Este miércoles en un evento en San Pedro Sula, norte de Honduras, Lobo Sosa explicó que la reducción del presupuesto de la CSJ se debe a la devolución de 1650 millones de lempiras que tiene que hacer el Estado de Honduras a los empresarios hondureños por la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley del uno por ciento del Impuesto Sobre la Renta.

El gobernante arguyó que son 50 millones de lempiras que corresponden al tres por ciento de 1650 que habían sido recaudados y que tendrán que devolverse.

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