El Juzgado de lo Contenciosos administrativo de San Pedro Sula, a través de su titular, María Luisa Bográn, resolvió admitir con suspensión del acto reclamado un recurso de amparo en contra de la resolución de la DEI, de establecer como impuestos arancelarios, 48.3 millones de lempiras por la importación de más de 14,000 toneladas de arroz y que se conoce como el escándalo del “arrozazo II”.
Dicha decisión oficial, posibilita que el cargamento de arroz sea desembargado bajo el argumento que el importador tiene los permisos correspondientes firmados por los funcionarios respectivos, tanto de la Secretaría de Industria y Comercio (SIC), como de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Por lo anterior, no se descarta que con esta decisión, las más de 14,000 toneladas de arroz sean desembarcadas libres de aranceles y Honduras deje de percibir más de 48 millones de lempiras en concepto de impuestos.
De forma inicial, esta importación pretendió hacerse libre de impuestos bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA).
Por lo que, días atrás el importador de este grano es Sady Andonie, representante de los molinos Bachosa, San Antonio y Andonie, aseguró que la autorización de este grano fue extendida por 30 días.
Posteriormente, el primero de febrero pasado, el gobierno de Honduras resolvió que este grano que se mantiene en Puerto Cortes y que ingresó sin los permisos respectivos, tenía un plazo de 48 horas para hacer efectivo el pago de la importación, correspondiente a un 45 por ciento de arancel.
