Por: Arabesca Sánchez
El nuevo código penal ha sido uno de los documentos más cuestionados desde hace un año, pero estos cuestionamientos se han encendido en los últimos dos meses -tiempo de cuarentena-, seguramente porque no se acostumbran revisiones de vacattio lege en tiempo de emergencia a la salud pública con suspensión de garantías constitucionales de movilidad, o porque eso ocurre cada vez que se actualiza una ley general y con mayor razón esta que se orienta a sancionar y castigar delitos y faltas.
Lo cierto es que, conforme al calendario establecido en los dos últimos decretos referentes a la entrada en vigor del nuevo código penal, hemos llegado casi al límite de tiempo y todo parece indicar que el documento estará activo en cuestión de días, mientras tanto, aún se escuchan argumentaciones de sectores que quedan en el descontento.
Algunos de estos sectores siguen y seguirán haciendo sus revisiones y observaciones de acuerdo con determinado tipo de delitos, tal es el caso de quienes trabajan en temas anticorrupción, delitos contra la mujer, y crimen organizado -con énfasis en delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos-.
Enfilamiento de funcionarios
De manera simultánea, -mientras se siguen haciendo esas revisiones- las escuelas fiscal y judicial -toman ventaja- comenzaron de forma inteligente de modo que estas instituciones de administración de justicia han estado capacitando a su gente -jueces, fiscales y defensores públicos- para que estén preparados al salir de la cuarentena con las baterías cargadas, por lo que desde ya se ve que estarán más ocupados que nunca tratando de entender la nueva norma penal y haciendo revisión de cuanto caso tienen asignados y así lo requiera para armonizar y/o responder -en caso de defensores- a los requerimientos fiscales y ajustarlos a los nuevos principios penales.
Defensores y asesores en guardia
Por su parte, muchos defensores públicos y privados han estado haciendo lo mismo desde espacios de formación del colegio de abogados de honduras -CAH por sus siglas- plataformas de organismos y organizaciones de sociedad civil, y desde foros en medios de comunicación -que, dicho sea de paso, han sido tan productivos como enriquecedores- hoy nos dejan con mayor claridad sobre la realidad que se vive en tribunales -especialmente en los casos de mayor impacto-.
Estos defensores leales al principio de defensa y de retroactividad de la ley penal -al igual que fiscales y jueces- pronto estarán muy cargados de trabajo -haciendo revisión de al menos mil casos- de personas privadas de libertad que, habiendo cumplido la pena del delito más grave y de mayor sanción, estarán en condiciones de pedir una revisión en la sala de lo constitucional en la corte suprema para lograr su libertad.
Además de comenzar a revisar la aplicabilidad de la nueva ley – al igual que los funcionarios judiciales- en los casos cuya acción se origina al mismo tiempo de entrada en vigor el nuevo código.
Nadie puede alegar ignorancia de la ley
Así las cosas, nos corresponde a todos ponernos al día y actualizarnos a partir de los nuevos tipos penales, es el caso de los actos preparatorios como la conspiración, proposición y provocación -tipos penales por los que fueron requeridos varios extraditados-; los tipos relativos a delitos cibernéticos y los que se refieren a uso y manejo de la información oficial clasificada, además de aquellos temas más sensibles como el control de armas nucleares y biológicas -por mencionar algunos de ellos-.
Expectativas Judiciales
A última hora, solo queda esperar que esta ley, no agarre en curva a muchos profesionales del derecho -hoy convertidos en jueces- que tendrán que aplicar la nueva norma con la cual se espera el fortalecimiento de la administración de justicia en el país; y quizá -solo quizá- podamos ir entrando en condiciones de independizar nuestro sistema judicial en el tratamiento de narcos, corruptos y otros similares… que hace rato han estado carcomiendo la institucionalidad.
Esto es urgente, ya que comienzan a observarse signos de intenciones de querer debilitar la brillante labor que ha realizado en aquella fiscalía de New York abanderada por el fiscal Geoffrey Berman -firmante de los requerimientos fiscales en los casos de los hondureños: Amílcar Ardón, Tony Hernández, y José Mario Calix, que hasta ahora ha sido de gran alivio en el combate a la criminalidad organizada en Honduras como complemento a los casos que se ventilan en nuestros tribunales.
Ante este panorama, el sistema de administración de justicia hondureño debe empezar a responder por sí mismo con estos casos -contra los torones del crimen y la corruptela-, esto quiere decir que es urgente que nuestros funcionarios dejen a un lado cualquier simpatía político-partidaria o incluso temor a represarías y comiencen a aplicar la ley sin ver quien es o ha sido en el ámbito socio-político el encausado; esta sería sin duda la mejor manera de honrar la labor de Berman en agradecimiento por cuanto ha hecho por los hondureños, en su valiente esfuerzo por sacar de base a los capos – quedamos agradecidos por esa labor-.
Reincidencia
Volviendo al código penal nuevo, es importante que valoremos que los antecedentes judiciales en esas cortes extranjeras ahora serán considerados como reincidencia a la hora de aplicar la nueva ley. Es bien recibido este aspecto – ni hablar de todo el cúmulo de evidencias que surgieron a partir de estos juicios, un festín para cualquier unidad de investigación criminal para continuar la tarea- y mientras eso ocurre, la madeja se sigue desenredando, y nuevos casos están surgiendo desde Suramérica con nuevos personajes que han sido acusados y se han entregado mediante convenios de colaboración eficaz indicando que en su momento estuvieron en reuniones entre narcos venezolanos, mexicanos y hondureños -dieron nombres, y ahí, en lo que atañe a honduras, tocaron la llaga… la de las campañas electorales auspiciadas con dinero del narcotráfico– en fin, vienen días interesantes en materia procesal penal- mientras tanto, nosotros a lo nuestro, de frente a un nuevo código penal que viene a actualizar al obsoleto código actual y a esperar la prueba y error del primer año de vigencia que es donde realmente se identifican los vacíos y limitantes que han quedado en el camino, para comenzar con las acostumbradas reformas agregando los pedacitos -por aquí y por allá- que siempre acompañan estos procesos de reforma legal.
En conclusión, si el documento pasa la prueba de templado -al igual que el buen metal- ya nada detendrá el nuevo código, pero si seguimos esperando tener uno hecho al gusto y medida de cada uno de los nueve millones de hondureños, entonces vamos a tener que esperar unos años más, mientras tanto en momentos de debate, solo hay un grupo de favorecidos -sí, esos mismos en los que está pensando- ni hablar, bien dice el dicho popular que en momentos como este: en río revuelto… ganancia de pescadores.
