Según informaron medios locales, los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional declararon en noviembre de 2010 con lugar el recurso de inconstitucionalidad que en su momento interpuso la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH) contra el mencionado decreto.
Los magistrados validaron los argumentos de la FENAGH referentes a que el decreto que resolvería al menos 426 conflictos agrarios que existían en el país, violentaba la propiedad privada y la libre empresa en Honduras.
Igualmente, se informó que aún está pendiente la notificación de la anulación del decreto a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la parte legal de la FENAGH.
El decreto, que fue aprobado en la administración del ex presidente Manuel Zelaya, buscaba expropiar las tierras ociosas a través del Instituto Nacional Agrario (INA), beneficiando a más de 400 grupos campesinos, es decir unas 20,000 familias campesinas, en posesión de 40,000 hectáreas de tierras y declarado inconstitucional por la Corte en noviembre de 2010.
