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En manifestación piden esclarecer muerte inmigrante hondureño y «no más muertos por papeles»

Madrid – Una treintena de personas se manifestaron hoy en Madrid para pedir que se esclarezca la muerte del inmigrante hondureño Alfonso Fortín Sánchez, fallecido el pasado 14 de octubre en una comisaría de la localidad madrileña de Getafe, y que «no haya más muertos por papeles».
 

Los congregados llevaban pancartas en las que se podían leer frases como «El abuso policial es dos veces criminal» o «Basta ya de controles y expulsiones».

Frente a la Delegación del Gobierno regional, los manifestantes gritaron diferentes consignas, como»ningún ser humano es ilegal».

Alfonso Fortín Sánchez, de 29 años, fue detenido junto a su primo Ricardo Darío Sierra, de 22, por no tener la documentación en regla y conducido a la comisaría de Getafe.

El hondureño fue encontrado muerto varias horas después, y su primo fue trasladado al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) del barrio de Aluche, donde permanece retenido.

El portavoz de la familia de Alfonso, Marco Trejo Fortín, explicó a Efe que desconoce el informe completo de la autopsia, por lo que esperará a recibir toda la documentación para estudiar qué tipo de acciones podrían adoptar.

Trejo señaló que el texto indica que la muerte se produjo como consecuencia de «asfixia por ahorcamiento inacabado», por lo que, en su opinión, el suicidio es una posibilidad, pero no un hecho demostrado, de modo que la «inverosimilitud» del caso le suscita dudas.

Respecto a la situación de Ricardo, el portavoz solicitó que sea puesto en libertad como «testigo preferente» o que sea repatriado a Honduras.

Reiteró que el fallecido había interpuesto una denuncia en abril contra dos policías nacionales, circunstancia que un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía ha negado.

Según Trejo, Alfonso sentía «miedo» tras interponer esta denuncia.

Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía explicó a Efe que, según todos los indicios, Alfonso Fortín se suicidó y, como se hace cada vez que esto ocurre, se abrió una investigación para determinar si hubo negligencia por parte de los funcionarios encargados de velar por la integridad de los arrestados.

Esta vía administrativa se paralizó al iniciarse la vía judicial, que determinará si hay responsabilidad penal, en cuyo caso los funcionarios serán acusados de una falta grave o muy grave que puede conllevar la expulsión del cuerpo.

Si no la hay, la vía administrativa continuará para determinar si hubo o no negligencia, según precisó la Jefatura en días pasados.

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