Tegucigalpa – La calificación que recoge el İndice Global de la Tortura 2025 concluye que en Honduras hay un alto riesgo de ser torturado, informaron este jueves las organizaciones Caritas de Honduras, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctima de la Tortura y sus Familias (CPTRT) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
– En Honduras las condiciones de detención, la impunidad y los derechos de las víctimas son de muy alto riesgo.
– Honduras aparece en índice como país de «alto riesgo» de tortura, con 268 casos en un año.
El primer análisis diseñado por la Organización Mundial contra la Tortura para evaluar el riesgo de tortura y malos tratos en 26 países alrededor del mundo, incluyendo a Honduras, donde las siete indicadores reflejan la realidad del país, donde el Estado de Honduras recibió 74 recomendaciones.

Entre el periodo 2017 a 2024 el gobierno de Honduras ha reportado que se han dado inicio a 529 investigaciones por denuncias de tortura, de las cuales 75 han sido judicializadas, de estas 32 fueron por tortura y 43 por tratos crueles.
Además, sólo se han obtenido sentencia en 10 casos, sin proporcionar datos sobre en qué sentido se dio la resolución.
Los resultados destacados durante la presentación del informe incluyen que los organismos internacionales han manifestado su preocupación por las altas tasas de impunidad por el delito de tortura y otros tratos o penas crueles y degradantes.
En general, esta impunidad se materializa en la dilación de los procesos judiciales y la falta de voluntad de las autoridades para investigar hechos de tortura, de acuerdo al tipo penal establecido en la legislación y no con otro de menor gravedad.
(LEER) MNP-CONAPREV reporta 60 posibles casos de tortura en lo que va del año
En Honduras, se han ratificado dos convenciones en materia de lucha contra este flagelo: la convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el protocolo facultativo de la ONU de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos, Degradantes (OPCAT).
Después de haber sido analizados los resultados ya estadísticamente conforme al rellenado de formularios, los resultados son los siguientes:
El nivel de brutalidad policial, los derechos y la protección de todos es de alto riesgo. En tanto, las condiciones de detención, la impunidad y los derechos de las víctimas son de muy alto riesgo.
Recomendaciones Honduras
La primera recomendación es revocar a la brevedad el estado de excepción que rige la política de seguridad pública del país y establecer una estrategia basada en la construcción de paz y la garantía de los derechos humanos.

Asimismo, asegurar que las tareas de mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana sean realizadas por los cuerpos policiales civiles, velando por que la presencia de efectivos militares en la gestión del orden público tenga un carácter excepcional, temporal y esté debidamente justificada, y vaya acompañada del estricto cumplimiento de protocolos relativos al uso de la fuerza y las armas de fuego en línea con lo dispuesto por la normativa internacional de derechos humanos.
(LEER) Siguen abusos policiales al tenor de cuestionado estado excepción
También se recomienda desarrollar e implementar un programa de traspaso de la administración carcelaria al Instituto Nacional Penitenciario, como ente civil, autónomo e independiente, asegurando medidas dirigidas a fortalecerlo y a la implementación de programas encaminados a la reinserción social de las personas privadas de libertad.
Pide, asimismo, incrementar el presupuesto destinado a la operatividad del Comité Nacional de Prevención de la Tortura y realizar las gestiones pertinentes para el nombramiento del representante de las organizaciones de la sociedad civil en el mismo.
Igualmente, Honduras debería adoptar medidas urgentes orientadas a eliminar la sobreocupación de los centros penitenciarios, principalmente mediante el recurso a las medidas alternativas a las penas privativas de libertad y garantizar que la medida de prisión preventiva no se aplique o prolongue en exceso.


Otras recomendaciones señalan que se debe realizar las reformas legislativas pertinentes para tipificar el delito de tortura conforme a la Convención contra la Tortura, asegurando que los delitos de tortura se castiguen con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad y se incluyan circunstancias agravantes para personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, las personas lesbianas, bisexuales, gais y transexuales, las personas indígenas y otras minorías nacionales o étnicas. VC