Tegucigalpa – El secretario de la comisión de telecomunicaciones del Congreso Nacional, Denis Velásquez, informó que en febrero próximo concluye la primera etapa del plazo otorgado a las compañías de telefonía celular para implementar la portabilidad numérica.
La portabilidad numérica consiste en que los abonados o clientes, conservarán su número de teléfono móvil, independientemente de la compañía a la que estén suscritos.
Velásquez explicó que el proceso para lograr ese procedimiento, comenzó en octubre del año pasado cuando los tres operadores (Tigo, Claro y Digicel) pidieron un plazo de 180 días para realizar los registros.
Las compañías indicaron que la información de los números postpago ya la tienen recopilada en un 100%, pero sobre la información de los números prepago todavía no se tienen los datos reales.
En ese sentido, indicó que en febrero próximo se cumplen los primeros 90 días otorgados a los operadores para recopilar la información a nivel nacional y en 180 días deberán haber concluido todos los registros.
En febrero, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) deberá contar con los avances de la información proporcionada por las compañías de telefonía celular, la que también será compartida con el Congreso Nacional y al cumplirse los 180 días otorgados en octubre pasado, deberá comenzar a funcionar la portabilidad numérica.
“Las compañías telefónicas explicaron que es un plazo largo, porque necesitan actualizar su software con un plazo prolongado, además, se requiere de una muy buena inversión”, explicó Velásquez.
Sobre un posible cargo a los usuarios por la portabilidad numérica, el parlamentario indicó que precisamente ese fue uno de los temas a discusión.
“Esto no va implicar ningún costo adicional para el usuario, es un compromiso por parte de las telefónicas y hay que recordar que el tema toral de esto es para tener información de quién está usando cada número para ayudar a lo que es un proceso de seguridad en el país”, aseveró Velásquez.
Informó que la semana pasada, se reunió con el comisionado de Conatel, Josué Vélez, quien le manifestó que en febrero se reunirán con la comisión de telecomunicaciones del Congreso Nacional y los operadores de telefonía móvil para tener una información más precisa sobre los avances en la recopilación de los datos de los usuarios a nivel nacional.
Afirmó que las compañías están anuentes a cooperar con el procedimiento de la portabilidad numérica porque consideran que deben colaborar con el gobierno central para brindar mayor seguridad al pueblo hondureño.
“Hemos tenido un acercamiento también con el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, para que esto, a través de los congresos de los países de Centroamérica, también pueda homologarse una ley, ya que la mismos operadores que están en Honduras, también funcionan en la región y en Sudamérica”, indicó que Velásquez.
Recordó que en muchos casos, “los teléfonos móviles sirven para cometer el delito de la extorsión y el cobro del denominado impuesto de guerra y un número que está asignado en Honduras se puede trasladar a Nicaragua o a El Salvador, o a Guatemala e incluso desde allá poder hacer una llamada que suena acá, como que si el teléfono fuera de acá. Entonces este es un tema que lo más importante es poder homologar una ley a nivel de Centroamérica”.
Reiteró que la portabilidad numérica implica un costo muy elevado para las telefónicas porque prácticamente tienen que cambiar todo su sistema, todo su software para que el usuario de una compañía pueda trasladarse a otra empresa u operador con el mismo número.
Respecto al bloqueo de las llamadas de telefonía celular desde el interior de los centros penales, indicó que las compañías han afirmado que ellas mismas proporcionaron los equipos para hacer ese aislamiento, pero fueron destruidos en las cárceles.
“Los equipos fueron prácticamente destruidos en los centros penales y por eso surge el tema de la depuración de la Policía y de todos los operadores de justicia para que si se vuelven a instalar esos equipos, en cada centro penal haya responsables del cuidado y el manejo de esos equipos”, manifestó.
Velásquez explicó que el proceso para lograr ese procedimiento, comenzó en octubre del año pasado cuando los tres operadores (Tigo, Claro y Digicel) pidieron un plazo de 180 días para realizar los registros.
Las compañías indicaron que la información de los números postpago ya la tienen recopilada en un 100%, pero sobre la información de los números prepago todavía no se tienen los datos reales.
En ese sentido, indicó que en febrero próximo se cumplen los primeros 90 días otorgados a los operadores para recopilar la información a nivel nacional y en 180 días deberán haber concluido todos los registros.
En febrero, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) deberá contar con los avances de la información proporcionada por las compañías de telefonía celular, la que también será compartida con el Congreso Nacional y al cumplirse los 180 días otorgados en octubre pasado, deberá comenzar a funcionar la portabilidad numérica.
“Las compañías telefónicas explicaron que es un plazo largo, porque necesitan actualizar su software con un plazo prolongado, además, se requiere de una muy buena inversión”, explicó Velásquez.
Sobre un posible cargo a los usuarios por la portabilidad numérica, el parlamentario indicó que precisamente ese fue uno de los temas a discusión.
“Esto no va implicar ningún costo adicional para el usuario, es un compromiso por parte de las telefónicas y hay que recordar que el tema toral de esto es para tener información de quién está usando cada número para ayudar a lo que es un proceso de seguridad en el país”, aseveró Velásquez.
Informó que la semana pasada, se reunió con el comisionado de Conatel, Josué Vélez, quien le manifestó que en febrero se reunirán con la comisión de telecomunicaciones del Congreso Nacional y los operadores de telefonía móvil para tener una información más precisa sobre los avances en la recopilación de los datos de los usuarios a nivel nacional.
Afirmó que las compañías están anuentes a cooperar con el procedimiento de la portabilidad numérica porque consideran que deben colaborar con el gobierno central para brindar mayor seguridad al pueblo hondureño.
“Hemos tenido un acercamiento también con el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, para que esto, a través de los congresos de los países de Centroamérica, también pueda homologarse una ley, ya que la mismos operadores que están en Honduras, también funcionan en la región y en Sudamérica”, indicó que Velásquez.
Recordó que en muchos casos, “los teléfonos móviles sirven para cometer el delito de la extorsión y el cobro del denominado impuesto de guerra y un número que está asignado en Honduras se puede trasladar a Nicaragua o a El Salvador, o a Guatemala e incluso desde allá poder hacer una llamada que suena acá, como que si el teléfono fuera de acá. Entonces este es un tema que lo más importante es poder homologar una ley a nivel de Centroamérica”.
Reiteró que la portabilidad numérica implica un costo muy elevado para las telefónicas porque prácticamente tienen que cambiar todo su sistema, todo su software para que el usuario de una compañía pueda trasladarse a otra empresa u operador con el mismo número.
Respecto al bloqueo de las llamadas de telefonía celular desde el interior de los centros penales, indicó que las compañías han afirmado que ellas mismas proporcionaron los equipos para hacer ese aislamiento, pero fueron destruidos en las cárceles.
“Los equipos fueron prácticamente destruidos en los centros penales y por eso surge el tema de la depuración de la Policía y de todos los operadores de justicia para que si se vuelven a instalar esos equipos, en cada centro penal haya responsables del cuidado y el manejo de esos equipos”, manifestó.
